En su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció una ambiciosa inversión de más de 800 millones de dólares destinada a fortalecer el sistema penitenciario del país. El financiamiento provendrá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Esta inversión forma parte de la estrategia del Gobierno para recuperar el control en los establecimientos penitenciarios, enfrentar el hacinamiento carcelario y frenar la influencia del crimen organizado desde las cárceles.
Nuevas infraestructuras y formación penitenciaria
El plan contempla, entre otras acciones:
- La construcción del penal Ancón III, con capacidad para 3120 internos.
- La creación del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), que formará a más de 12,000 agentes penitenciarios.
- El desarrollo del modelo penitenciario nacional y de un centro de medio libre en Ancón, beneficiando a más de 2,000 personas con libertad condicional o semilibertad.
Además, en agosto se firmará el contrato con la CAF para financiar:
- El penal de Colquepata, en Cusco, con capacidad para 2530 internos.
- Un establecimiento para procesados, con 16,000 unidades de albergue.
- Un penal de Régimen Cerrado Especial, que albergará a 10,000 internos de alta peligrosidad.
Nuevas cárceles en zonas estratégicas
Como parte de la descentralización, se anunció la construcción de un nuevo penal para reos de alta peligrosidad en Quiruvilca (La Libertad), a más de 4000 m s. n. m., en un terreno gestionado con el Gobierno Regional.
Asimismo, se continúa con la ejecución del penal de Abancay, que añadirá 785 nuevas unidades de albergue con una inversión de 116 millones de soles. También se reactivaron obras en Arequipa y Pucallpa, que sumarán 2209 unidades adicionales, con una inversión de 76.5 millones de soles.
Seguridad, cooperación internacional y justicia para los más vulnerables
El premier también informó que desde diciembre de este año se implementará seguridad privada especializada en dos penales de alta población, con un presupuesto de 8 millones de soles, para reforzar el control del ingreso de artículos prohibidos.
Además, el Gobierno evalúa mecanismos de cooperación internacional para el traslado de delincuentes extranjeros de alta peligrosidad a penales fuera del país, como el CECOT de El Salvador, con el fin de descongestionar los penales y debilitar las redes criminales que operan desde dentro.
En paralelo, se destacó la labor de la Defensa Pública, que cuenta con 2,100 abogados y proyecta brindar más de 2 millones de atenciones legales gratuitas entre 2025 y 2026, representando un ahorro de 423 millones de soles para los ciudadanos más vulnerables.
Acceso descentralizado y justicia sin impunidad
Se inaugurarán más de 20 nuevos Centros ALEGRAs y MEGA ALEGRAs en regiones como Puno, Cajamarca, Amazonas y Junín, que permitirán acercar servicios legales a más de 1.4 millones de peruanos con enfoque intercultural.
Finalmente, Arana reafirmó que el Estado no pagará indemnizaciones a favor de sentenciados por terrorismo ordenadas por tribunales internacionales. “Justicia, seguridad y legalidad para todos los peruanos”, concluyó el premier.