¿Por qué se amplía el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur?
El Gobierno peruano anunció la prórroga del Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur, que comprende regiones clave como Apurímac, Cusco y Arequipa, mediante el Decreto Supremo N.º 095-2025-PCM. Esta medida entra en vigencia a partir del 29 de julio de 2025 y se extenderá por 60 días calendario.
La decisión se toma en respuesta a una “persistente perturbación del orden” en esta importante vía nacional, considerada estratégica para el transporte, el comercio y la estabilidad social en el sur del país.
¿Qué zonas están incluidas y qué derechos se restringen?
La norma incluye los 500 metros adyacentes a ambos lados de la carretera del Corredor Vial Sur Apurímac–Cusco–Arequipa, un eje logístico vital para la minería, agricultura y comercio entre regiones.
Con esta medida, se restringen temporalmente derechos constitucionales:
- Libertad de tránsito
- Libertad de reunión
- Seguridad personal
Todo ello, en concordancia con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y bajo protocolos establecidos para proteger derechos humanos en contextos de emergencia.
¿Quién asume el control del orden interno?
El control del orden será ejercido por la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ambos organismos operarán en el marco de:
- Decreto Legislativo N.º 1186 (uso de la fuerza por la PNP)
- Decreto Legislativo N.º 1095 (intervención de las FF.AA. en el orden interno)
- Protocolo de intervención en contextos de vulnerabilidad (Ministerio de la Mujer)
Este operativo busca garantizar la seguridad pública, prevenir actos violentos y asegurar el funcionamiento de actividades económicas en la zona.
¿Qué sucede al término de los 60 días?
Una vez concluido el plazo, la PNP deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior. El documento deberá ser entregado en un plazo no mayor de cinco días hábiles e incluir:
- Acciones operativas realizadas
- Resultados obtenidos
- Evaluación del impacto de la medida
Esta evaluación será clave para decidir si se mantiene o modifica la estrategia de intervención en el corredor.
¿Quién financia esta operación?
El financiamiento de la ejecución de esta prórroga proviene del presupuesto institucional de los sectores involucrados, con la posibilidad de que se asignen recursos adicionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
¿Qué implica esta medida para las comunidades locales?
El Estado de Emergencia en zonas rurales ha generado preocupaciones en el pasado sobre posibles abusos de autoridad o afectaciones a la vida diaria de las comunidades. Aunque la medida busca restaurar el orden, organizaciones de derechos humanos han solicitado que las intervenciones se realicen con enfoque en derechos y proporcionalidad.
El Gobierno asegura que se respetarán los protocolos establecidos, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables o indígenas que habitan en las cercanías del corredor.
¿Cuál es el marco legal que sustenta esta medida?
Esta prórroga responde al artículo 44 de la Constitución, que establece como función esencial del Estado garantizar la seguridad, el orden interno y la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, se basa en el régimen de excepción contemplado para proteger la paz social y el funcionamiento del Estado.
¿Qué está en juego en el Corredor Vial Sur?
El Corredor Vial Sur es uno de los ejes económicos más importantes del país. Por él transitan minerales, productos agrícolas, alimentos y bienes industriales. Además, conecta con zonas de influencia minera como Las Bambas (Apurímac) y proyectos en el sur de Cusco y Arequipa.
Por esta razón, mantener la transitabilidad segura y continua es vital no solo para el orden público, sino para la economía nacional y la inversión privada.
¿Cómo afecta esto al ciudadano común?
La restricción de derechos fundamentales puede afectar la movilidad, actividades comunales o incluso manifestaciones sociales. También genera tensiones en zonas donde las comunidades exigen mayor participación en decisiones que afectan su entorno.
Por eso, diversos colectivos piden que se garantice el diálogo social, incluso bajo un Estado de Emergencia, y que no se utilice la medida como herramienta de represión.
¿Es esta una solución temporal o una tendencia sostenida?
La prórroga del Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur refleja la persistente fragilidad del orden interno en zonas rurales del país. Si bien el Ejecutivo busca estabilidad, se requiere que las acciones sean acompañadas de una estrategia integral que incluya inversión social, diálogo y reformas estructurales.
Solo así se evitará que el uso recurrente del estado de excepción se convierta en la norma, y no en la excepción que debe ser.
