La isla El Frontón, ubicada frente al Callao y recordada por su historia vinculada a motines y hechos de violencia en la década de los 80, vuelve a ocupar la agenda pública. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) confirmó que un equipo multidisciplinario realizó un trabajo de campo en el terreno, con miras a la construcción de un nuevo penal. La inspección, liderada por el viceministro de Justicia Jesús Baldeón, se llevó a cabo el jueves 12 de septiembre y forma parte de las acciones que impulsa el ministro Juan José Santiváñez.
La visita a la isla buscó identificar plataformas naturales que permitan levantar pabellones de internos, áreas de circulación, así como espacios para servicios complementarios, incluyendo una planta desalinizadora de agua y un sistema fotovoltaico basado en paneles solares. Se trata del primer paso en firme hacia un proyecto que, según fuentes oficiales, busca descongestionar la sobrepoblación penitenciaria que supera las 100 mil personas privadas de libertad en el país.
¿Por qué construir un penal en El Frontón?
La decisión de avanzar con la idea de un penal en El Frontón responde a un problema estructural del sistema carcelario peruano: el hacinamiento. Según cifras oficiales del INPE, la capacidad de los establecimientos penitenciarios ha sido superada en más del 140 %. La apuesta por recuperar la isla se plantea como una alternativa estratégica, dado su aislamiento natural y su potencial para convertirse en un centro de reclusión de alta seguridad.
El ministro Santiváñez ha señalado en diversas ocasiones que se requiere infraestructura moderna y sostenible. De ahí que el proyecto contemple energía solar y planta desalinizadora, tecnologías que reducirían la dependencia de recursos externos y garantizarían la autosuficiencia del establecimiento. No obstante, aún queda pendiente definir el costo estimado, la viabilidad ambiental y la respuesta de la sociedad civil ante un plan que despierta tanto expectativa como controversia.
Historia y memoria de la isla
El Frontón no es cualquier lugar. Su nombre está asociado a uno de los episodios más duros de la historia reciente del Perú: el motín de junio de 1986, cuando internos acusados de terrorismo fueron reprimidos con un saldo trágico que hasta hoy genera debate político, judicial y en materia de derechos humanos. El reto del MINJUSDH será conciliar la necesidad de seguridad penitenciaria con la memoria histórica de la isla, donde aún persisten vestigios de aquel penal que dejó una huella imborrable en el país.
En ese sentido, la presencia del equipo institucional no solo busca un levantamiento técnico de plataformas, sino también evaluar las áreas que podrían implicar menor movimiento de tierras, lo que se traduciría en una construcción más respetuosa con el entorno y con los restos materiales existentes.
¿Qué sigue en el proceso?
El Ministerio de Justicia anunció que continuará con las visitas de campo, como parte del plan de acciones preliminares. En los próximos meses se espera que se presenten informes técnicos sobre las condiciones del terreno, estudios de impacto ambiental y las propuestas arquitectónicas iniciales. Solo después de ese proceso, el Ejecutivo podría presentar un presupuesto oficial y definir si el proyecto será financiado íntegramente por el Estado o mediante alianzas público-privadas.
La pregunta que se plantea ahora es: ¿puede el Perú permitirse un megaproyecto penitenciario en un contexto de restricciones fiscales? Para algunos analistas, la urgencia de aliviar el hacinamiento justifica el esfuerzo económico. Para otros, se trata de una medida simbólica que podría enfrentar trabas legales, ambientales y de memoria histórica.
El anuncio marca un giro en la política penitenciaria del país. El Frontón, escenario de uno de los capítulos más oscuros del Perú de los ochenta, se perfila para convertirse en la sede de un penal de nueva generación. El tiempo dirá si este proyecto se concreta y bajo qué condiciones sociales y políticas se materializa. Lo cierto es que el gobierno ya dio el primer paso con este trabajo de campo, que abre un debate nacional sobre seguridad, derechos humanos y memoria histórica.
