El Gobierno del Perú ha decidido ampliar por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, como parte de su estrategia para enfrentar la minería ilegal y el crecimiento de redes criminales asociadas a esta actividad ilícita. La medida fue oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, y representa una nueva fase en el intento del Ejecutivo por recuperar el control del territorio.
Esta prórroga mantiene las restricciones a derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la reunión sin autorización previa. Asimismo, se conserva el toque de queda nocturno, que establece una inmovilización social obligatoria desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Durante ese horario, solo podrán circular las personas autorizadas o aquellas que cumplan funciones esenciales.
¿Por qué se amplió el estado de emergencia en Pataz?
La decisión responde al alarmante crecimiento de la minería ilegal en la provincia de Pataz, actividad que ha sido vinculada a organizaciones criminales con capacidad logística, armamento sofisticado y alto poder de corrupción. De acuerdo con el Ejecutivo, estos grupos han alterado gravemente el orden público, incrementado la violencia en la zona y puesto en riesgo la seguridad de las poblaciones locales.
El estado de emergencia vigente desde meses anteriores permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo el modelo de un Comando Unificado. Según el Ministerio de Defensa, desde el inicio de las operaciones se han ejecutado 23 operativos conjuntos y más de 1,140 patrullajes, lo que ha generado pérdidas económicas de más de S/ 190 millones a las redes dedicadas a la minería ilegal.
Además, se han establecido tres puestos de control estratégicos en los sectores de Calquiche, Shicun y Pamparacra, puntos claves para interceptar rutas logísticas utilizadas por los operadores ilegales. Estas acciones han sido reconocidas por el gobierno como parte de una política de interdicción y control territorial sostenido.
Impacto en la población y en las libertades ciudadanas
Con la ampliación del estado de emergencia, la población de Pataz deberá continuar acatando restricciones severas, en un contexto donde se prioriza la seguridad nacional por encima de ciertos derechos individuales. La medida autoriza a las fuerzas del orden a realizar intervenciones sin orden judicial previa, así como a restringir el tránsito en determinadas zonas y ejecutar operaciones con uso de fuerza bajo control del Comando Unificado.
Si bien el Gobierno justifica esta medida como necesaria frente a la amenaza criminal creciente, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la importancia de garantizar el debido proceso, evitar abusos de autoridad y establecer mecanismos de fiscalización independiente en las zonas de intervención.
Por su parte, líderes locales y autoridades regionales han mostrado posturas divididas: mientras algunos alcaldes respaldan la continuidad de la presencia militar como una forma de recuperar la paz, otros exigen mayores esfuerzos del Estado en programas de desarrollo alternativo y formalización minera, para evitar que el problema resurja una vez finalizada la intervención.
¿Qué pasará después de los 60 días?
Una vez transcurrido el nuevo plazo de 60 días, el Ejecutivo evaluará los resultados de las intervenciones y definirá si corresponde una nueva prórroga del estado de emergencia, la transición hacia una fase de consolidación o la implementación de estrategias civiles y productivas que eviten el resurgimiento del crimen organizado.
En su último mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte reafirmó que el combate a la minería ilegal en Pataz y otras zonas críticas del país es parte de una estrategia integral de seguridad y recuperación del control del Estado. Afirmó además que no se tolerará la impunidad y que el gobierno continuará invirtiendo en presencia institucional, desarrollo productivo y fortalecimiento de la justicia.
Expertos en seguridad coinciden en que la militarización de zonas mineras solo puede tener resultados sostenibles si se acompaña de medidas de formalización minera, educación ambiental, y creación de oportunidades económicas para las comunidades afectadas. En ese sentido, instan a que el Estado no limite su intervención al plano policial, sino que apueste por soluciones estructurales.
La ampliación del estado de emergencia en Pataz refleja tanto la magnitud del problema de la minería ilegal como la determinación del Gobierno en combatirlo. Sin embargo, el reto de fondo sigue siendo establecer un modelo de desarrollo alternativo y sostenible, que aleje a las comunidades de la dependencia de economías ilegales. Mientras tanto, la presencia militar y policial continuará marcando la pauta en uno de los territorios más conflictivos del país.
