Investigación con límites constitucionales
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, descartó por el momento solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, conocidos públicamente como el caso Chifagate.
Según explicó, esta medida solo será evaluada una vez que el mandatario deje el cargo, previsto para el 28 de julio de 2026, en cumplimiento de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional respecto a las investigaciones contra presidentes en funciones.
Pesquisa “ultra reservada” y sin actos intrusivos
Gálvez sostuvo que la indagación contra Jerí se desarrolla bajo un esquema de reserva absoluta, evitando cualquier diligencia que pueda afectar la investidura presidencial. En ese sentido, precisó que no se ejecutarán allanamientos, levantamientos del secreto bancario ni otras medidas de carácter intrusivo mientras el jefe de Estado continúe ejerciendo funciones.
El fiscal subrayó que el Ministerio Público está recabando información documental y administrativa, pero sin acciones que impliquen exposición pública o coerción directa sobre la figura presidencial.
El origen del caso: reuniones no registradas
La investigación se abrió tras la difusión de imágenes y videos que muestran a José Jerí en reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, encuentros que no figuran en la agenda oficial del Despacho Presidencial.
La Fiscalía busca determinar si estas reuniones podrían configurar patrocinio ilegal o tráfico de influencias en agravio del Estado, en un contexto donde también se investigan posibles vínculos con proyectos estratégicos, como el Pachachaca 2.
Declaración presidencial en Palacio
Como parte de las diligencias, Tomás Gálvez confirmó que este viernes 30 de enero tomará la declaración de José Jerí en Palacio de Gobierno. El mandatario podrá estar acompañado de su abogado, y la diligencia se realizará en la sede del Ejecutivo, siguiendo precedentes recientes, como el caso de Dina Boluarte.
Asimismo, el Ministerio Público ha citado a Yang y Xiaodong en calidad de testigos y ha solicitado información adicional a diversas entidades del Estado.
Restricciones para investigar a un presidente en ejercicio
Gálvez recordó que la Constitución establece límites claros para las investigaciones contra un presidente en funciones, y que una indagación exhaustiva solo podrá realizarse cuando Jerí concluya su mandato.
En ese escenario, explicó, se evaluará si corresponde continuar la investigación, archivarla o activar un procedimiento constitucional, dependiendo de los elementos de convicción reunidos durante esta etapa preliminarDiligencias sin restricciones para terceros
El fiscal precisó que estas limitaciones solo aplican al jefe de Estado. En el caso de los empresarios involucrados y otros particulares, las diligencias pueden ser desarrolladas por una fiscalía provincial sin restricciones constitucionales.
La información obtenida en esos procesos será posteriormente integrada y evaluada por la Fiscalía de la Nación para definir el curso final del caso.
### Congreso también entra en escena
En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al titular de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que expliquen el contexto de las reuniones presidenciales con los empresarios chinos y los eventuales vínculos contractuales del Estado.
Aunque aún no se ha fijado una fecha definitiva, el Parlamento busca esclarecer posibles implicancias políticas y administrativas del caso.
El escenario post 28 de julio
Gálvez fue enfático al señalar que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de José Jerí no está previsto mientras ejerza la Presidencia. “Se hará cuando deje de ser presidente”, sostuvo.
La afirmación deja claro que el futuro del caso Chifagate dependerá de lo que ocurra tras el fin del mandato presidencial, en un escenario donde la prudencia institucional convive con una creciente presión política y mediática.