Este martes 3 de marzo, se reanudó la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por su responsabilidad en la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera. El imputado, quien se encuentra bajo custodia en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en La Victoria, enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.
Durante la sesión, el abogado defensor César Nakazaki, si bien reconoció la culpabilidad de su cliente en los hechos, solicitó que se desestime la medida cautelar. La defensa sostiene que, aunque Villar acepta que deberá afrontar una futura condena, esta debe ser producto de un debido proceso y no anticiparse mediante una prisión preventiva, la cual califica como innecesaria.
Argumentos en conflicto
El debate jurídico se centró en la prognosis de la pena. Mientras la Fiscalía, representada por el fiscal Henry Zavaleta, proyecta una condena de hasta ocho años —superando el mínimo de cinco años requerido para solicitar la prisión preventiva—, la defensa técnica cuestionó este cálculo.
Nakazaki argumentó que, al no imputarse a Villar la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, las agravantes del artículo 111 del Código Penal no serían aplicables, lo que reduciría la posible pena.
Por su parte, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, incluyendo registros de videovigilancia que muestran al imputado huyendo del lugar tras el atropello. Según la Fiscalía, Villar no solo omitió socorrer a la víctima, sino que realizó acciones deliberadas para eludir la acción de la justicia, como cambiar su vestimenta y utilizar un vehículo distinto al involucrado en el siniestro.
Asimismo, el fiscal Zavaleta alertó sobre un riesgo latente de obstaculización de la justicia, señalando que el entorno familiar del imputado habría facilitado la elusión de diligencias críticas, incluyendo la imposibilidad de realizar un dosaje etílico oportuno. El juez Adolfo Fernando Farfán continúa evaluando los elementos de convicción para determinar la situación legal de Villar.