La Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, encabezó la entrega de los restos de 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas durante los años 1983, 1984, 1985, 1990 y 1993, en pleno periodo de violencia interna que afectó al país.
La diligencia fue dirigida por la fiscal provincial Karenn Obregón Ubaldo y forma parte de 10 investigaciones fiscales vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000 en las provincias ayacuchanas de Huanta, La Mar, Fajardo y Huancasancos.
Hechos investigados y responsabilidades
De acuerdo con la información oficial, los casos comprenden ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de extrema violencia, perpetrados mediante armas de fuego, objetos punzocortantes y contundentes. Las investigaciones alcanzan a hechos atribuidos a miembros de la Marina de Guerra del Perú, agentes del Ejército, integrantes de Sendero Luminoso y comités de autodefensa, en un contexto de enfrentamiento armado interno.
Uno de los casos restituidos corresponde a un incidente ocurrido en 1990 en la zona de Yawarmachay, distrito de Ayahuanco, provincia de La Mar, y es investigado por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo del fiscal adjunto Richard Ataucusi Saccsara.
Autoridades presentes en la entrega digna
La ceremonia de restitución fue presidida por el fiscal superior Andrés Montoya Mendoza, coordinador nacional del subsistema especializado en Derechos Humanos. También participaron Gino Dávila Herrera, jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Hans Heinrich Behr Lescano, titular de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas; y Lidia Flores de Huamán, representante de los familiares de víctimas.
La restitución de restos constituye un acto de reparación simbólica para los familiares, muchos de los cuales esperaron décadas por conocer el paradero de sus seres queridos.
Memoria, justicia y reparación
El Ministerio Público reafirmó que estas acciones forman parte de su compromiso con la búsqueda de la verdad, la identificación de las víctimas y la entrega digna de restos humanos, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, subrayó que la restitución no pone fin a los procesos judiciales en curso, sino que se inscribe dentro de una política de memoria, justicia y reparación, orientada a esclarecer los crímenes cometidos durante uno de los periodos más violentos de la historia reciente del Perú.