Las Fiscalías Especializadas de Familia y Prevención del Delito de Lima Centro participaron este 15 de diciembre en una diligencia conjunta de requisa en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima I “Maranguita”, ubicado en el distrito de San Miguel. El objetivo del operativo fue verificar de manera directa las condiciones de los internos infractores de la ley penal y asegurar el cumplimiento adecuado de funciones por parte de los educadores y autoridades del centro juvenil.
Un operativo coordinado con varias instituciones
La diligencia fue organizada en coordinación entre la Onceava Fiscalía de Familia de Lima, junto con las Segunda y Tercera Fiscalías de Prevención del Delito de Lima Centro, las cuales realizaron inspecciones en dos de los patios del centro juvenil. Maranguita alberga aproximadamente 200 internos, cuyos rangos de edad varían entre los 14 y 27 años.
En el operativo también participaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), con el fin de garantizar que las inspecciones se realicen de manera segura y eficiente, permitiendo una evaluación exhaustiva de las condiciones de los internos y las instalaciones.
Objetivo del operativo
El propósito central de la diligencia fue examinar de forma in situ las condiciones en que se encuentran los internos, así como asegurar que el tratamiento y la rehabilitación que se ofrece dentro de los centros juveniles sea acorde a las normativas legales y los estándares internacionales. En particular, se buscó comprobar que las autoridades del centro, incluidos los educadores y funcionarios, estén cumpliendo con sus funciones de acuerdo con los lineamientos establecidos para la reinserción social de los adolescentes y jóvenes infractores.
Según las fuentes oficiales, esta diligencia también tiene como objetivo identificar cualquier anomalía o infracción en el manejo de los internos, incluyendo posibles abusos de autoridad o condiciones inadecuadas dentro de las instalaciones del centro. La intervención tiene lugar dentro de un contexto de creciente preocupación por la situación de los centros de rehabilitación juvenil en el país.
Acciones del operativo
Durante la inspección, los fiscales, apoyados por la Policía Nacional, verificaron el estado de los internos, las condiciones de los espacios comunes y los programas de rehabilitación que se imparten a los jóvenes. Además, se evaluó el funcionamiento general del centro y la interacción entre internos y educadores, buscando asegurar que se respeten los derechos humanos de los jóvenes bajo custodia.
La diligencia también ha permitido recoger testimonios de los internos para evaluar si están recibiendo el trato adecuado y si los programas de rehabilitación están siendo efectivos. Esta acción está alineada con el compromiso del sistema judicial para mejorar las condiciones de los centros juveniles en el país.
El contexto de la intervención
La intervención en Maranguita ocurre en un contexto de creciente interés por parte de las autoridades en mejorar el sistema de rehabilitación de menores infractores en el Perú. En los últimos años, se ha incrementado la vigilancia y las intervenciones en los centros juveniles del país, en un esfuerzo por combatir la violencia y los abusos dentro de estos establecimientos.
La fiscalía especializada de familia ha señalado la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de los internos, asegurando que los jóvenes infractores tengan acceso a una rehabilitación efectiva que les permita reintegrarse adecuadamente a la sociedad una vez que cumplan su condena. Para ello, se busca también fortalecer los programas de formación y capacitación tanto de los educadores como de las autoridades encargadas del manejo de los centros juveniles.
La importancia del seguimiento continuo
Este operativo se enmarca dentro de una serie de acciones que las Fiscalías Especializadas están llevando a cabo para monitorear las condiciones de los centros juveniles de rehabilitación en todo el país. Los resultados de la diligencia de Maranguita podrían influir en futuras políticas públicas relacionadas con la gestión de centros de rehabilitación juvenil y el tratamiento que reciben los menores en conflicto con la ley.