La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos presentó una acusación formal y solicitó ocho años de prisión efectiva contra el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang por presuntas responsabilidades en las lesiones ocasionadas a dos civiles durante las protestas sociales registradas el 12 de diciembre de 2022.
La investigación forma parte de los procesos judiciales que buscan establecer responsabilidades por las intervenciones policiales realizadas en el contexto de las movilizaciones que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, uno de los episodios de mayor conflictividad social registrados en el país en los últimos años.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicitó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de tres años y ocho meses.
Fiscalía atribuye lesiones graves y leves a mandos policiales
De acuerdo con la acusación fiscal, el ciudadano Renato Murillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, lo que lo mantuvo en estado de coma durante doce días.
Por su parte, Benedicto Huaccachi sufrió lesiones tras ser alcanzado por un proyectil lacrimógeno a la altura de la pelvis durante los enfrentamientos registrados en las manifestaciones.
La Fiscalía sostiene que los altos mandos policiales habrían incurrido en responsabilidad bajo la modalidad de comisión por omisión, al no impedir la ocurrencia de estos hechos durante el operativo.
Otros policías también fueron acusados
Dentro del mismo caso, el Ministerio Público solicitó siete años de prisión efectiva para el teniente PNP Luis Bazán, señalado como autor directo de los hechos.
Asimismo, se pidió una condena de seis años de cárcel para el mayor PNP Luis Ávila y el comandante PNP Jorge Celadita.
En el caso específico de las lesiones leves contra Benedicto Huaccachi, la Fiscalía requirió tres años de prisión para el suboficial de tercera Dino Tarrillo y dos años de cárcel para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari, también bajo la figura de comisión por omisión.
A todos ellos se les solicitó además una inhabilitación para ejercer funciones públicas por tres años y ocho meses.
Reparación civil y etapa intermedia del proceso
La acusación fiscal también incluye el pago de una reparación civil.
Para Víctor Zanabria y Frank Chang, la Fiscalía solicitó una indemnización de 6 mil soles cada uno, además de un pago de 30 mil soles a cargo del tercero civil responsable.
Actualmente, el caso se encuentra en la etapa intermedia o de control de acusación, una fase previa al eventual inicio del juicio oral, donde el Poder Judicial evaluará la validez de los argumentos y pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Zanabria enfrenta otro pedido de 35 años de prisión
El general PNP Víctor Zanabria también afronta otro proceso judicial vinculado a las protestas sociales.
En octubre de 2025, la Fiscalía solicitó una condena de 35 años de prisión efectiva por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, considerado el primer fallecido durante las protestas registradas en Lima el 28 de enero de 2023.
Ese caso continúa su propio curso procesal y forma parte de las investigaciones desarrolladas por el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Protestas de 2022 siguen bajo investigación
Las investigaciones vinculadas a las protestas sociales continúan siendo uno de los procesos judiciales más relevantes del país debido a la magnitud de los hechos y al número de víctimas registradas.
El Ministerio Público ha señalado que mantiene su compromiso de identificar responsabilidades penales y garantizar justicia, reparación y acceso a la verdad para las personas afectadas durante las manifestaciones desarrolladas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Estos procesos judiciales involucran a autoridades policiales, funcionarios públicos y agentes del orden que participaron en las operaciones desplegadas en diversas regiones del país.
En resumen
La acusación contra el general PNP Víctor Zanabria representa un nuevo avance en las investigaciones sobre las protestas sociales de 2022. Mientras el caso avanza hacia una eventual etapa de juicio oral, el Poder Judicial deberá determinar las responsabilidades individuales y definir si existieron omisiones o acciones que derivaron en vulneraciones a los derechos humanos durante las movilizaciones.