La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro consiguió la detención preliminar judicial de un investigado por el delito de pornografía infantil, en un operativo realizado en el distrito de Cieneguilla, como parte de una investigación en agravio de menores de edad en proceso de identificación.
La diligencia fue ejecutada por el Equipo 1 de dicha fiscalía, bajo la conducción de la fiscal provincial Evelyn Taboada, y forma parte de las acciones que el Ministerio Público viene desarrollando para combatir delitos graves vinculados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Denuncia ciudadana activó la investigación
De acuerdo con la información oficial, la investigación se inició a partir de una denuncia ciudadana, luego de que el ahora detenido presuntamente compartiera de manera accidental material ilegal durante una transacción de compraventa realizada a través de plataformas digitales.
Según el reporte fiscal, el investigado habría enviado tres archivos audiovisuales que contenían material prohibido, lo que permitió a las autoridades activar los protocolos de intervención inmediata y dar aviso a las instancias especializadas en delitos contra menores.
Este hecho volvió a poner en evidencia los riesgos del uso indebido de herramientas digitales y la importancia de la denuncia oportuna ante la detección de contenidos ilícitos.
Allanamiento e incautación de equipos
Como parte de la diligencia autorizada por el Poder Judicial, el operativo incluyó el allanamiento de la vivienda del imputado, así como la incautación de su teléfono celular, prendas y otros materiales que serán sometidos a peritajes especializados.
Estos elementos permitirán a la Fiscalía determinar el grado de responsabilidad penal del detenido y establecer si existe una posible red de distribución o producción de material ilegal, así como la identificación de otras posibles víctimas.
Las autoridades señalaron que la investigación se mantiene en reserva, debido a la naturaleza sensible del caso y a la necesidad de proteger la identidad de los menores involucrados.
Participación de organismos internacionales
La diligencia contó con la participación de organismos internacionales cooperantes, entre ellos Homeland Security Investigations (HSI) y la organización Our Rescue, ambas de Estados Unidos, que brindaron apoyo técnico y operativo durante la intervención.
La colaboración internacional resulta clave en este tipo de investigaciones, debido a que los delitos vinculados a la pornografía infantil suelen tener alcance transnacional, especialmente cuando involucran el uso de plataformas digitales y redes sociales.
La Fiscalía destacó que este trabajo conjunto fortalece la capacidad del Estado peruano para enfrentar delitos complejos y de alto impacto social.
Rescate de una menor y activación de protocolos de protección
Durante el operativo, se logró el rescate de una de las presuntas agraviadas, quien fue puesta de inmediato a disposición de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las autoridades activaron los protocolos de atención integral, que incluyen acompañamiento psicológico, social y legal, con el objetivo de garantizar la protección de la menor y evitar su revictimización.
Desde el Ministerio Público se remarcó que la prioridad en este tipo de casos es salvaguardar la integridad y los derechos de las víctimas, además de asegurar que los responsables enfrenten a la justicia.
Compromiso del Ministerio Público
A través de un comunicado, el Ministerio Público reafirmó su compromiso en la lucha contra la pornografía infantil y el abuso sexual de menores, delitos considerados de extrema gravedad por el daño irreparable que generan en las víctimas.
La Fiscalía recordó que la denuncia ciudadana es una herramienta fundamental para detectar este tipo de ilícitos y exhortó a la población a reportar cualquier indicio de explotación sexual infantil a las autoridades competentes.
El caso se suma a otros operativos recientes que buscan frenar el uso de tecnologías para fines criminales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad.