Fiscalía investigará caso de racismo en bus del Metropolitano tras denuncia del Ministerio de Cultura

El sector Cultura presentó denuncia contra ciudadana que profirió expresiones discriminatorias en transporte público de Lima. El hecho se investiga bajo el marco del artículo 323 del Código Penal.

por Edgar Mandujano

El Ministerio de Cultura denunció ante la Fiscalía de la Nación el acto de racismo protagonizado por la ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en un bus del Metropolitano. Según el sector, la mujer habría lanzado expresiones racistas que no solo afectaron a los pasajeros presentes, sino que reproducen estereotipos que hieren la dignidad de colectivos andinos y pueblos originarios del Perú.

Investigación bajo el artículo 323 del Código Penal

La Procuraduría del Ministerio de Cultura presentó la denuncia formal amparada en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación étnico-racial. El documento, dirigido a la Secretaría General de la Fiscalía, exige que se inicien las investigaciones correspondientes y que se apliquen las sanciones previstas en la ley. El hecho, registrado en un servicio público administrado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), ha generado indignación y reacciones de rechazo en redes sociales.

Servicio contra la discriminación

El ministerio recordó que cuenta con el programa Alerta contra el Racismo, que ofrece seis modalidades de atención para denunciar este tipo de actos, entre ellas la línea gratuita 1817, donde víctimas y testigos pueden reportar hechos de discriminación. Desde la cartera de Cultura reiteraron que combatir el racismo es una tarea colectiva y que el silencio frente a la violencia simbólica alimenta la impunidad.

Racismo estructural en debate

Este caso reaviva el debate sobre el racismo estructural en el Perú, que persiste en espacios públicos, laborales y educativos, pese a los avances normativos. Especialistas advierten que más allá de las sanciones, es necesario fortalecer políticas educativas y campañas de sensibilización que desmonten prejuicios históricos. El proceso abierto en la Fiscalía será una prueba clave para determinar hasta qué punto el Estado logra garantizar los derechos fundamentales frente a la discriminación.

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