La Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima, bajo la dirección del fiscal provincial José Caballero Miranda, ha iniciado una investigación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en el proceso de alquiler del Estadio Nacional, administrado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
La indagación surge tras un reportaje del programa Panorama, el cual reveló audios supuestamente fechados en octubre de 2024. En estos registros se escucharía a Gilda Ortiz, jefa de Comercialización del IPD, expresar su preocupación y malestar presuntamente ante Juan Falcón, gerente general de la institución, por la presión que enfrentaba para conceder fechas a conciertos, a pesar de la planificación de eventos deportivos ya establecida.
El reportaje también señaló que el IPD habría emitido “cartas de disponibilidad” para el uso del estadio de manera discrecional, permitiendo que empresarios del sector espectáculos accedieran a fechas de manera presuntamente irregular.
La Fiscalía ha enmarcado el caso dentro del delito contra la administración pública, en agravio del Estado, y busca determinar si existieron manejos indebidos de los recursos públicos en la gestión de estos contratos. Como parte de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una diligencia de exhibición de documentos en las instalaciones del Estadio Nacional, con el objetivo de verificar la legalidad y transparencia de los acuerdos firmados por el IPD.
El Ministerio Público ha señalado que continuará con las pesquisas y que no descarta nuevas acciones conforme avance el proceso.
La respuesta del IPD
A través de un comunicado oficial emitido el 2 de febrero, el Instituto Peruano del Deporte afirmó que su actual gestión ha tomado medidas concretas contra la corrupción y que no permitirá impunidad ante posibles irregularidades cometidas en administraciones pasadas.
El documento enfatiza que el IPD ha implementado políticas para garantizar una gestión ordenada y transparente, incluyendo la prohibición expresa de:
El subarrendamiento de infraestructura deportiva arrendada.
La cesión en uso de las instalaciones.
La transferencia de derechos a cualquier persona jurídica o natural bajo cualquier modalidad, estableciendo que cualquier incumplimiento resultará en la resolución inmediata del contrato.
Además, la entidad informó que ha iniciado procesos administrativos contra funcionarios presuntamente involucrados, en cumplimiento de una nueva directiva institucional.
Finalmente, el IPD aseguró que el Estadio Nacional seguirá siendo la sede oficial de la selección peruana de fútbol para sus partidos como local, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte en el país.
