La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes volvió al centro del debate público luego de que el Ministerio Público dispusiera una diligencia fiscal en el Centro de Acogida Residencial (CAR) La casa del padre, ubicado en el distrito de Cieneguilla. La intervención fue realizada por la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, como parte de una investigación preliminar por la presunta contravención a los derechos fundamentales de la población acogida.
La investigación se enmarca en las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y responde a una posible infracción al artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes, que sanciona toda afectación al ejercicio pleno de los derechos de la infancia y adolescencia reconocidos en la Constitución y las leyes vigentes.
Investigación fiscal por presunta vulneración de derechos
El fiscal provincial Genaro Solís Quispe ordenó la visita inopinada al centro con el objetivo de constatar si se cumplen las obligaciones legales vinculadas a la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de niñas y adolescentes. La diligencia se desarrolló bajo un enfoque de protección integral y sin revictimización, de acuerdo con los protocolos del Ministerio Público.
Durante la intervención, el equipo fiscal realizó una verificación documental y sostuvo consultas generales con algunas adolescentes residentes, evitando cualquier procedimiento que pudiera generar daño emocional o exposición innecesaria. Según información preliminar recogida durante la diligencia, el centro alberga actualmente a 29 adolescentes y siete bebés, cifra que será evaluada dentro del proceso de investigación.
Diligencia inopinada en centro de acogida residencial
La visita permitió revisar distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del albergue, entre ellos las condiciones de confidencialidad, la protección de la imagen de las menores, los protocolos internos para la difusión de actividades institucionales y las medidas de prevención frente a situaciones de revictimización.
Asimismo, el Ministerio Público verificó las condiciones generales de habitabilidad del centro, así como el cumplimiento de estándares mínimos de protección para una población considerada de especial vulnerabilidad. Como parte de la diligencia, se requirió documentación institucional que será analizada conforme a ley en el marco de la investigación preliminar.
La actuación fiscal estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra y contó con el apoyo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía de Familia de Huarochirí, Sonia Marili Quispe Quispe, además de la asistente de función fiscal Martha Córdova Arones.
Rol de las fiscalías de Familia en la protección infantil
Las fiscalías de Familia tienen como función principal la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de otros integrantes vulnerables del núcleo familiar. Su labor incluye la supervisión de instituciones públicas y privadas encargadas del cuidado temporal de menores, como los centros de acogida residencial.
En este tipo de casos, el Ministerio Público actúa para prevenir, investigar y sancionar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales, priorizando siempre el interés superior del niño. La investigación iniciada no implica una sanción inmediata, pero sí abre un proceso de evaluación que puede derivar en medidas correctivas, administrativas o incluso penales, dependiendo de los hallazgos.
Importancia del enfoque de protección integral
Desde el Ministerio Público se ha enfatizado que todas las diligencias vinculadas a menores de edad deben realizarse con un enfoque de protección integral, lo que implica garantizar su bienestar físico, emocional y psicológico durante cualquier actuación fiscal.
La verificación de protocolos internos, el control sobre la difusión de imágenes y la prevención de la revictimización son aspectos clave en este tipo de intervenciones, especialmente en contextos donde los menores ya han atravesado situaciones de violencia, abandono o desprotección familiar.
Diligencias continuarán conforme a ley
El Ministerio Público informó que las diligencias continuarán en el marco de la investigación preliminar y que toda la documentación recabada será evaluada conforme a los procedimientos legales vigentes. De encontrarse indicios de contravención a los derechos de niñas, niños o adolescentes, se adoptarán las acciones correspondientes dentro de las competencias fiscales.
Con esta intervención, la Fiscalía reafirmó su compromiso con la defensa del interés superior del niño y la supervisión permanente de los centros de acogida residencial, los cuales cumplen un rol clave en la protección temporal de menores en situación de vulnerabilidad.