La Fiscalía de la Nación dio un golpe a las redes de minería ilegal y lavado de activos al inmovilizar una barra de oro de aproximadamente 5,46 kilos, valorizada en USD 528.218,33 (casi dos millones de soles), que era presuntamente extraída de forma ilícita en Putina, Puno, y que tenía como destino final la India. El hallazgo, realizado el 5 de septiembre de 2025 en un almacén aeroportuario del Callao, se convierte en una nueva evidencia del crecimiento del tráfico de oro ilegal que financia redes criminales en la Amazonía y la sierra sur del país.
El operativo y las diligencias en el Callao
La intervención estuvo dirigida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho), bajo la conducción de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz.
El cargamento fue detectado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) tras advertir que la empresa exportadora no acreditó la procedencia legal del oro. Tras la alerta, el Ministerio Público intervino de inmediato, disponiendo la inmovilización de la barra y asegurando su custodia.
Según se informó, la pieza de oro permanecerá resguardada en una bóveda de la sede aduanera mientras continúan las investigaciones. Además, se contó con el apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional y de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, reforzando la legitimidad del operativo.
¿Quiénes son los investigados?
Por este caso, el Ministerio Público investiga a tres personas y dos empresas vinculadas a una presunta red de lavado de activos que opera en Puno y Madre de Dios, regiones afectadas por la minería ilegal. Los implicados son:
- Juan Carlos Hanco, fundador de una de las empresas involucradas.
- Efraín Nina, actual representante legal de la empresa exportadora.
- Miguel Ortega, gerente de una segunda compañía proveedora y procesadora de minerales.
De acuerdo con las pesquisas, la empresa principal fue constituida en 2023 por Hanco y luego traspasada en 2024 a Efraín Nina. Su actividad principal sería la compra y venta de mineral proveniente de zonas altamente cuestionadas por operaciones extractivas ilegales. La segunda empresa, bajo la administración de Ortega, habría facilitado la procesamiento y suministro del material que pretendía salir del país.
Minería ilegal: ¿un problema sin control?
El caso refleja la profundización de las redes de minería ilegal en el Perú y su relación directa con el lavado de activos. Según informes de la Fiscalía, Puno y Madre de Dios son dos de los epicentros de esta actividad ilícita, donde organizaciones criminales financian extracciones no autorizadas que luego se blanquean mediante empresas fachada.
La pregunta central que surge es:
¿Cómo es posible que toneladas de oro extraído ilegalmente logren acercarse a circuitos formales de exportación?
Expertos señalan que la debilidad en los mecanismos de control aduanero, sumada a la infiltración de redes criminales en empresas registradas, permite que material sin certificación logre intentar salir del país. Este caso demuestra que, pese a la existencia de filtros y verificaciones, las organizaciones ilegales continúan perfeccionando sus métodos para blanquear capitales.
India, destino frecuente del oro ilegal
De acuerdo con fuentes de la Dirila, la India se ha convertido en uno de los principales destinos del oro ilegal sudamericano, debido a su creciente demanda para la industria joyera. En los últimos años, las autoridades peruanas han detectado un incremento de exportaciones cuestionadas hacia países asiáticos, lo que refleja la consolidación de cadenas internacionales de lavado de activos.
En este caso, la Sunat identificó inconsistencias graves en la documentación presentada para la exportación, lo que permitió activar los protocolos de verificación junto con el Ministerio Público.
Acciones legales y próximos pasos
La fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz confirmó que se presentarán acciones legales contra los involucrados por el delito de lavado de activos. Además, la Fiscalía ha anunciado que se evaluará la participación de otras compañías mineras y exportadoras que podrían estar involucradas en operaciones similares.
El caso también abre un debate sobre la necesidad de reforzar la supervisión de las fiscalías ambientales y aduaneras. La propia Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) ha señalado que se implementará una mayor vigilancia para garantizar la correcta aplicación de los mecanismos alternativos y evitar que crímenes ambientales queden impunes.
Un golpe al crimen organizado, pero no el final
La inmovilización de esta barra de oro de medio millón de dólares es un duro golpe contra las mafias de minería ilegal, pero las autoridades advierten que no es suficiente. Las investigaciones buscan identificar a las redes financieras detrás de estas operaciones y determinar si existen funcionarios cómplices dentro de los circuitos de exportación.
El Perú enfrenta un desafío estructural: el oro ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, superando incluso al narcotráfico en algunas regiones amazónicas.
