La Fiscalía Provincial Mixta de Nepeña inició una investigación preliminar por el presunto delito de daños agravados, luego del incendio que afectó a dos patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el centro poblado de San Jacinto, distrito de Nepeña, en la provincia del Santa (Áncash).
Los vehículos, que se encontraban inoperativos, estaban estacionados al costado de una institución educativa y a escasos 60 metros de la comisaría del sector, cuando fueron alcanzados por las llamas durante la madrugada.
El hecho ha generado alarma en la población y preocupación en las autoridades locales, por tratarse de una acción perpetrada en una zona de alta presencia policial. Vecinos de la zona alertaron del siniestro a través de llamadas al número de emergencias 105, tras notar el fuego en las unidades que servían de resguardo logístico para operativos de patrullaje.
Diligencias fiscales para identificar a los autores
La investigación está a cargo de la fiscal adjunta Milagros Ragas Rojas, quien dispuso un conjunto de diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.
Entre las primeras medidas adoptadas, la representante del Ministerio Público ordenó la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del centro educativo y vías aledañas, así como la toma de declaraciones a testigos presenciales y efectivos policiales de turno en la comisaría de San Jacinto.
Asimismo, la fiscalía coordina con la Unidad de Criminalística de la PNP para determinar las causas del incendio y establecer si se trató de un acto intencional o de un accidente. En caso de confirmarse la primera hipótesis, los responsables podrían ser denunciados por delito de daños agravados en perjuicio del Estado, sancionado con penas de hasta seis años de prisión.
Patrulleros en desuso, pero parte del equipamiento policial
Fuentes policiales señalaron que los vehículos siniestrados se encontraban en proceso de baja debido a fallas mecánicas, pero aún formaban parte del inventario de la comisaría de San Jacinto.
“Pese a no estar operativos, eran bienes del Estado y su destrucción representa un perjuicio económico y logístico para la institución”, señaló un efectivo que prefirió mantener el anonimato.
De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego consumió gran parte de la carrocería de ambos patrulleros antes de ser controlado por el personal de serenazgo y vecinos del lugar, quienes actuaron de inmediato con extintores portátiles.
¿Qué busca determinar la fiscalía?
La Fiscalía de Nepeña intenta establecer si el incendio estuvo vinculado a un acto de venganza o intimidación contra la Policía Nacional, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana en la provincia del Santa.
No se descarta que los hechos estén relacionados con grupos dedicados a la extorsión o microcomercialización de drogas, quienes han intensificado su actividad en los últimos meses en varios distritos de la región Áncash.
La representante del Ministerio Público precisó que se están recabando todos los elementos probatorios necesarios antes de determinar la tipificación penal definitiva del caso y la apertura de una investigación preparatoria formal.
El distrito de Nepeña, conocido por su actividad agroindustrial, ha sido escenario en los últimos años de diversos actos de violencia vinculados a extorsión y vandalismo. En 2024, la PNP registró más de 30 denuncias por ataques contra bienes públicos y privados, incluyendo quema de maquinaria y vehículos de empresa.
Por ello, autoridades locales y representantes del sector empresarial han pedido reforzar la presencia policial y mejorar el patrullaje integrado con las rondas vecinales. “No puede ser que se incendien patrulleros a pocos metros de la comisaría. Es una señal de impunidad”, señaló un dirigente vecinal de San Jacinto.
El Ministerio Público reiteró que continuará con las acciones de investigación de manera exhaustiva e imparcial, a fin de identificar y sancionar penalmente a los autores materiales e intelectuales del incendio.
“El ataque a bienes del Estado constituye un grave delito que afecta la seguridad y el orden público. No se tolerará ningún acto que atente contra la función policial ni contra la tranquilidad de los ciudadanos”, indicó la fiscal Milagros Ragas Rojas.