La lucha contra el tráfico ilegal de recursos naturales volvió a tener un episodio relevante en el norte del país. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque incautó 9,307 piezas de madera aserrada —equivalentes a pies tablares— de presunto origen ilegal, halladas en el almacén de un establecimiento comercial del departamento. La intervención se realizó como parte de una diligencia fiscal orientada a frenar la cadena de comercialización de productos forestales sin respaldo legal.
El operativo fue dirigido por el fiscal provincial José Félix Tejada Ramos, quien dispuso la incautación inmediata del material tras verificarse que el local no contaba con autorización vigente para operar en el rubro maderero. Según la información oficial, el encargado del establecimiento no pudo presentar documentación que acredite la procedencia legal de la madera, ni registros administrativos exigidos por la normativa forestal.
Sin permisos ni registros oficiales
Durante la diligencia, el equipo fiscal constató que el almacén intervenido no tenía autorización otorgada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad responsable de regular y supervisar las actividades vinculadas al aprovechamiento y comercio de productos forestales. Tampoco se halló el libro de operaciones de la empresa, documento obligatorio que permite rastrear el ingreso, salida y transformación de la madera.
La ausencia de estos requisitos constituye un indicio clave de ilegalidad. En el marco legal peruano, la falta de trazabilidad convierte a la madera en un producto presuntamente ilícito, independientemente de su especie o volumen, debido al alto riesgo de que provenga de tala ilegal en bosques amazónicos o zonas protegidas.
Investigación por tráfico ilegal de madera
Ante estas evidencias, el Ministerio Público dispuso iniciar una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, tipificado en el Código Penal. El objetivo es esclarecer el origen de la madera incautada, identificar a los responsables directos e indirectos de su almacenamiento y determinar si existe una red de comercialización ilegal que opere en la región.
Como parte de la investigación, el material decomisado quedó bajo custodia, mientras se realizan las pericias técnicas correspondientes para establecer especies, volúmenes exactos y posible procedencia geográfica. Estas diligencias son claves para sustentar eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Un mercado ilegal que persiste
El caso vuelve a poner en evidencia la persistencia del comercio ilegal de madera en el país, una actividad que genera millonarias pérdidas económicas al Estado y un severo impacto ambiental. Diversos informes oficiales han advertido que una parte significativa de la madera que circula en mercados locales y regionales carece de respaldo legal, alimentando cadenas informales que se sostienen en la falsificación de documentos o en la ausencia total de ellos.
En regiones como Lambayeque, que funcionan como puntos de acopio y tránsito, estos operativos buscan cerrar el paso a la madera ilegal antes de que ingrese a circuitos formales de venta o sea trasladada a otros departamentos.
Compromiso fiscal y mensaje disuasivo
A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de coadyuvar a la prevención y lucha contra el tráfico ilegal de productos forestales, una de las principales amenazas contra los recursos naturales del país. Desde la FEMA se subrayó que este tipo de intervenciones no solo apuntan a sancionar delitos ya cometidos, sino también a enviar un mensaje disuasivo a quienes operan al margen de la ley.
La incautación de más de nueve mil piezas de madera representa, además, una señal de alerta para el sector comercial: la falta de permisos, registros y trazabilidad no es una omisión menor, sino un delito que puede derivar en sanciones penales severas.
Mientras avanza la investigación fiscal, el caso se suma a otros operativos recientes que buscan desarticular el negocio de la madera ilegal, un problema estructural que conecta la depredación ambiental con economías informales y crimen organizado. En ese frente, Lambayeque acaba de convertirse en un nuevo escenario de la ofensiva del Estado.