En un nuevo golpe a las estructuras financieras de la minería ilegal, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la demanda sobre nueve barras de oro, con un peso total de 9.81 kilogramos. El cargamento, valorizado en S/ 2 490 436, fue recuperado a favor del Estado tras demostrarse que carecía de trazabilidad legal y procedía de actividades criminales.
La investigación, liderada por el fiscal provincial Luis Aguirre Naupari, determinó que el mineral aurífero fue hallado en posesión de Viviana Lujambio, quien fue intervenida en flagrancia por agentes de la Policía Nacional al arribar a Lima procedente de Tumbes. El oro se encontraba oculto en el equipaje de la pasajera, envuelto en material plástico, con el fin de evadir los controles de seguridad.
Falta de sustento legal y origen ilícito
Durante la intervención, Lujambio no pudo acreditar la procedencia legítima del metal ni presentó la documentación que certificara la cadena de custodia desde su extracción primaria. Asimismo, las indagaciones fiscales confirmaron que la implicada no cuenta con autorizaciones ni permisos estatales para la explotación o comercialización de minerales.
La sentencia se sustenta en el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado confiscar bienes vinculados a delitos graves —como la minería ilegal y el lavado de activos— sin necesidad de una condena penal previa, siempre que se demuestre su origen espurio o incremento patrimonial injustificado.
Compromiso contra la minería ilegal
Con esta recuperación, el Ministerio Público reafirma su estrategia de desmantelar el brazo económico de la minería ilegal, actividad que genera graves daños ambientales y sociales en diversas regiones del país. Los casi 10 kilos de oro pasarán ahora a ser administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Esta acción se suma a una serie de operativos recientes liderados por la Fiscalía de Extinción de Dominio que, solo en el último año, ha logrado recuperar millones de soles en activos provenientes del tráfico ilícito de minerales y otras redes de criminalidad organizada.