Fiscalía consigue condena de 35 años para agresor sexual de una niña en Lima

Sentencia ejemplar busca proteger a menores y reforzar la lucha contra la violencia sexual.

por Edgar Mandujano

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro logró una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Hans Román, responsable de la violación sexual de su prima, una niña de 11 años. La resolución busca enviar un mensaje firme sobre la protección de la infancia y el combate a los delitos sexuales en Perú.

Detalles del caso y la investigación

Según la investigación dirigida por el fiscal provincial Oswaldo Elías Taccsi Guevara, el agresor cometió el abuso en dos ocasiones, ejerciendo amenazas y obligando a la menor a guardar silencio sobre lo sucedido en un domicilio del distrito de San Luis, Lima. Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Julio Ángel Feliciano Loarte Pretell presentó pruebas contundentes que incluyeron la declaración en entrevista única en cámara Gesell de la víctima, pericias psicológicas, declaraciones testimoniales y documentos que acreditan la comisión del delito.

Medidas adicionales y reparación civil

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso que el agresor abone S/ 20 000 como reparación civil a favor de la víctima. Esta sanción busca no solo castigar el delito, sino también ofrecer una compensación simbólica que respalde el proceso de recuperación de la niña y de su familia. La medida refleja la aplicación rigurosa de la legislación peruana en casos de violencia sexual infantil.

Importancia de la condena para la lucha contra la violencia sexual

El caso resalta la labor de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres, que actúan para garantizar justicia en delitos graves que afectan a grupos vulnerables, especialmente niños y niñas. Asimismo, refuerza el compromiso del Ministerio Público de proteger a la infancia y asegurar que los agresores sexuales enfrenten las consecuencias legales correspondientes, promoviendo un entorno más seguro y consciente de los derechos de los menores.

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