Un operativo realizado el 11 de marzo de 2025 ha dado lugar al allanamiento de las oficinas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (CITEN) en la Base Naval del Callao. La diligencia forma parte de una investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo propio, que involucra a una oficial, dos suboficiales de la Marina de Guerra del Perú y ocho estudiantes. Este procedimiento se lleva a cabo luego de una denuncia anónima que señala que entre julio y diciembre de 2024, los estudiantes habrían pagado sobornos a los suboficiales y a la oficial para recibir beneficios como salir de franco en días festivos y eliminar sanciones disciplinarias.
Según la Fiscalía, el operativo se ejecutó bajo la supervisión de quince fiscales y agentes de la Dirección Contra la Corrupción, quienes inspeccionaron diversas oficinas, incluidas las de los oficiales y suboficiales involucrados, la sala de instructores y el auditorio. El objetivo de la operación fue incautar documentos y material audiovisual que puedan aportar evidencia sobre los presuntos sobornos. Este tipo de prácticas corruptas dentro de una institución militar no solo pone en riesgo la confianza pública, sino que también subraya la necesidad de fortalecer las medidas de control y fiscalización dentro de las Fuerzas Armadas.
Este caso es otro ejemplo de la creciente preocupación por la corrupción dentro de las instituciones del Estado. Si se comprueban los hechos, los responsables podrían enfrentar graves consecuencias legales por infringir el artículo 393 del Código Penal, que tipifica el delito de cohecho pasivo propio, el cual castiga a aquellos funcionarios públicos que aceptan sobornos o favores a cambio de decisiones o acciones favorables.
