La noche del miércoles 15 de octubre, las protestas en el Cercado de Lima dejaron una víctima mortal. Eduardo Ruiz, de 32 años, falleció tras recibir un impacto de bala en las inmediaciones de la Plaza Francia, uno de los puntos más concurridos de la denominada “marcha nacional”, convocada en rechazo a las recientes decisiones del Congreso y la crisis política que atraviesa el país.
La Fiscalía de la Nación confirmó que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió la investigación, disponiendo diligencias urgentes para determinar las circunstancias exactas de su muerte. Entre las primeras acciones ordenadas figuran el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de material audiovisual y la evaluación balística de los proyectiles hallados en el lugar de los hechos.
Investigación en curso
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio Público, el caso se investiga en el marco de “presuntas violaciones a los derechos humanos”, una calificación que busca determinar si el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden fue desproporcionado o contravino los protocolos internacionales suscritos por el Estado peruano.
Fuentes fiscales indicaron que la zona donde ocurrió el disparo se encontraba bajo fuerte resguardo policial, con presencia de unidades de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional. Testigos señalan que se escucharon varios disparos luego de que un grupo de manifestantes intentara romper el cerco policial que bloqueaba el acceso hacia el Centro Histórico.
Hasta el cierre de esta edición, la PNP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el origen del disparo que acabó con la vida de Ruiz. Sin embargo, un representante de la Inspectoría General informó que se ha iniciado una investigación interna para identificar a los agentes que estuvieron desplegados en la zona y determinar si alguno portaba armas de fuego.
Reacciones y contexto
La muerte del joven ha generado una ola de indignación en redes sociales y colectivos civiles, que denuncian un nuevo episodio de represión durante manifestaciones pacíficas. Diversos organismos de derechos humanos han exigido una investigación “imparcial, exhaustiva y con garantías de transparencia”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Defensoría del Pueblo reiteraron que las fuerzas del orden deben actuar bajo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, conforme a los estándares internacionales. “Cada vez que un ciudadano muere en una protesta, el Estado está obligado a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”, señaló la Defensoría mediante su cuenta oficial.
El incidente se produce en medio de un clima político marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, así como por el incremento de la conflictividad social en distintas regiones del país. En los últimos dos años, el Perú ha registrado más de 80 muertes en contextos de protesta, según cifras oficiales del Ministerio Público y la Defensoría, la mayoría producto del uso excesivo de la fuerza.
Antecedentes recientes
Desde las protestas de diciembre de 2022, que derivaron en la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, el país ha atravesado una secuencia de movilizaciones sociales con saldo fatal. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han documentado ejecuciones extrajudiciales y el uso desproporcionado de armas letales por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El caso de Eduardo Ruiz revive la preocupación sobre la falta de control interno en los operativos de seguridad durante manifestaciones ciudadanas. Aunque el Gobierno actual ha prometido reformas en los protocolos de intervención, los hechos demuestran que las prácticas represivas persisten.
Llamado a la transparencia
El fiscal a cargo del caso dispuso además la toma de declaraciones a testigos presenciales, personal médico y agentes policiales, así como la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en los alrededores de la Plaza Francia. Las imágenes serán clave para determinar el origen del disparo y establecer si provino del armamento oficial.
Mientras tanto, la familia de la víctima ha exigido justicia y transparencia. “Mi hermano salió a protestar por su país, no para morir. Queremos que se sepa la verdad”, declaró una familiar a los medios.
El cuerpo de Eduardo Ruiz será trasladado al Instituto de Medicina Legal para la necropsia de ley, cuyos resultados preliminares se conocerán en las próximas horas.