El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, ha formalizado el inicio de una investigación preliminar contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). La medida responde a la fuga de gas natural seguida de una deflagración registrada recientemente en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, un evento que ha comprometido la seguridad energética nacional.
Presuntos delitos de contaminación y seguridad laboral
El proceso, a cargo del Segundo Despacho de la mencionada fiscalía, se centra en dos figuras penales específicas: contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Los fiscales buscan determinar si la empresa operadora cumplió con los protocolos de mantenimiento y prevención de riesgos establecidos en la normativa vigente, o si existieron omisiones que derivaron en el estallido del ducto.
Como parte de las primeras acciones, el equipo fiscal se trasladó al asentamiento rural de Saringabeni, zona cero del incidente, para realizar una diligencia de constatación. Durante esta inspección, se verificaron las condiciones del terreno y los daños materiales causados por la deflagración. Estas labores cuentan con el apoyo estratégico de la comisaría de Megantoni para garantizar el recojo de evidencias en una zona de difícil acceso geográfico.
Esclarecimiento de responsabilidades penales
La fiscalía ha dispuesto una serie de diligencias urgentes para reunir elementos de convicción que permitan individualizar las responsabilidades. El objetivo de la investigación preliminar es establecer si hubo negligencia en las operaciones de TGP y evaluar el impacto real del incidente en el ecosistema local y en la integridad de los trabajadores y comunidades colindantes.
Este proceso judicial corre de forma paralela a las labores de reparación técnica que, según informó el Ejecutivo, podrían demorar hasta 14 días. La información que arroje el peritaje fiscal será determinante para las sanciones que podrían recaer sobre la transportadora en el marco del derecho ambiental peruano.