La frontera entre la libertad de expresión y la vulneración de derechos vuelve a quedar bajo escrutinio público. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos abrió una investigación preliminar contra Diego Leguía, creador de contenido en redes sociales, por el presunto delito de discriminación, tras comentarios considerados peyorativos emitidos durante una transmisión en vivo. El agraviado es un menor de 15 años, identificado con las iniciales C. H. S., lo que coloca el caso en un plano especialmente sensible.
La decisión fiscal marca un nuevo precedente en el seguimiento penal de conductas producidas en plataformas digitales, donde los límites del discurso suelen diluirse bajo la lógica del entretenimiento, la viralización y la monetización del conflicto.
Investigación por presunta discriminación
La investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que dispuso una serie de diligencias urgentes con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales. El fiscal provincial Roger Yana Yanqui ordenó que la Fiscalía de Familia reciba la declaración del menor agraviado, garantizando un enfoque de protección integral conforme a la normativa vigente sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, la Unidad Médico Legal de Lima deberá realizar evaluaciones psicológicas tanto al investigado como a la presunta víctima, con el fin de establecer posibles afectaciones emocionales derivadas de los comentarios difundidos en la transmisión.
El rol de la evidencia digital
Uno de los ejes centrales del caso será la preservación de la evidencia digital, elemento clave en investigaciones relacionadas con delitos cometidos en entornos virtuales. La Fiscalía dispuso que la Comisaría de Magdalena del Mar tome la declaración de Diego Leguía, así como la de Nicolás Aráoz y Nery Arévalo, integrantes del canal de streaming donde ocurrió el incidente.
Asimismo, se ordenó el aseguramiento del material audiovisual de la transmisión, incluyendo registros, clips, comentarios y cualquier otro contenido vinculado al hecho investigado. En un ecosistema digital donde los contenidos pueden ser eliminados o modificados en cuestión de minutos, la rapidez en estas diligencias resulta determinante.
Redes sociales bajo la lupa penal
El caso vuelve a colocar en el centro del debate el uso de plataformas digitales por parte de creadores de contenido, cuya influencia —especialmente entre públicos jóvenes— no siempre va acompañada de responsabilidad legal o ética. La Fiscalía busca establecer si los comentarios emitidos configuran el delito de discriminación, tipificado en el Código Penal, y si estos fueron realizados con conocimiento del impacto que podían generar en un menor de edad.
En los últimos años, el Ministerio Público ha incrementado la atención sobre hechos ocurridos en transmisiones en vivo, podcasts y redes sociales, donde la espontaneidad del formato no exime de responsabilidad penal cuando se afectan derechos fundamentales.
Protección del menor y enfoque de derechos humanos
Desde la Fiscalía se ha subrayado que el caso será abordado bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando la protección del menor involucrado. La intervención de la Fiscalía de Familia y de especialistas en salud mental responde a la necesidad de evaluar no solo los hechos, sino también sus posibles consecuencias psicológicas.
Especialistas consultados coinciden en que la exposición pública de un menor a comentarios discriminatorios puede generar efectos duraderos, sobre todo cuando estos se producen en espacios digitales de alta visibilidad y replicación masiva.
Un precedente en construcción
Aunque se trata de una investigación preliminar, el caso de Diego Leguía podría sentar un precedente relevante sobre los límites legales del discurso en redes sociales. No se trata únicamente de sancionar expresiones ofensivas, sino de establecer responsabilidades cuando estas se dirigen contra poblaciones especialmente protegidas, como los menores de edad.
La Fiscalía deberá determinar si los comentarios cumplen con los elementos del tipo penal de discriminación y si existió intencionalidad o negligencia en su difusión. De confirmarse responsabilidades, el proceso podría escalar a una etapa formal de investigación preparatoria.
Más allá del streaming
El episodio revela una tensión creciente entre el mundo digital y el sistema de justicia. Mientras las plataformas amplifican voces y contenidos sin filtros inmediatos, el Estado intenta adaptar sus mecanismos de control y sanción a una realidad que avanza más rápido que la legislación.
El mensaje es claro: el espacio virtual no es un territorio sin ley. Y cuando el discurso cruza la línea hacia la vulneración de derechos, incluso una transmisión en vivo puede convertirse en materia penal.