Fiscalía demuestra colusión agravada en pandemia
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao consiguió una condena histórica contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) y un empresario, hallados responsables del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. La medida responde a la investigación sobre compras irregulares de insumos de protección durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Los condenados son Angélica Ríos, exgerente de Desarrollo Social; Raúl Palomino, exjefe de Abastecimiento; Fernando Huamaní, especialista en contrataciones; y Fredy Lozada, representante de la empresa proveedora beneficiada. Todos ellos fueron sentenciados a 9 años de prisión efectiva y a 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una reparación civil solidaria de S/ 1 900 000 a favor del Estado.
Compras sobrevaloradas y maniobras fraudulentas
Según detalló la fiscal adjunta provincial Patricia Jeanette Polo Román, la investigación demostró que los exfuncionarios del GORE Callao se coludieron con la empresa proveedora para dirigir ilegalmente la adquisición de mascarillas, alcohol en gel, guantes y jabón de tocador. La operación ocurrió en abril de 2020, en pleno estado de emergencia, aprovechando la urgencia del contexto sanitario.
Entre las irregularidades detectadas, el área de Desarrollo Social realizó requerimientos sin sustento técnico y modificó las especificaciones de los productos para favorecer a la empresa contratista. Por ejemplo, se alteró el gramaje del jabón, garantizando que el proveedor fuera el único que cumpliera con los criterios.
Adicionalmente, la Gerencia de Abastecimiento simuló una falsa competencia, enviando invitaciones a correos electrónicos de empresas inexistentes, lo que dio apariencia de legalidad al proceso. Estas maniobras permitieron la sobrevaloración de precios en productos críticos, generando perjuicio económico al Estado y afectando la eficiencia de la respuesta ante la pandemia.
Impacto en la población y el Estado
La condena de los exfuncionarios y del empresario representa un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción en la gestión pública. Durante la pandemia, los recursos destinados a insumos de protección sanitaria eran esenciales para proteger la salud de la población y contener el avance del virus. Sin embargo, las prácticas fraudulentas descubiertas comprometieron la eficacia de las compras y aumentaron los costos del Estado en un momento crítico.
El Ministerio Público destacó que la investigación contó con pruebas documentales, testimoniales y la verificación de procesos administrativos, evidenciando que los responsables actuaron con intención de beneficiarse económicamente, dejando de lado la obligación de garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía.
Sentencias ejemplares y reparación civil
El Tribunal sentenció a los implicados a 9 años de prisión efectiva y 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, reforzando la política de sanción contra la corrupción administrativa. Además, deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de S/ 1 900 000, destinada a resarcir parcialmente los daños ocasionados al Estado.
La Fiscalía Anticorrupción subrayó que estas medidas buscan recuperar la confianza de la población en las instituciones y enviar un mensaje de que los delitos de corrupción no quedarán impunes, especialmente en situaciones de emergencia nacional donde los recursos públicos son vitales para proteger vidas.
Compromiso del Ministerio Público
El caso del GORE Callao se suma a otros procesos que evidencian la persecución activa de delitos contra la administración pública. El Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y sancionar a quienes afectan los intereses del Estado, protegiendo así la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos.
Además, la institución enfatizó que la colaboración ciudadana, la fiscalización oportuna y la transparencia en los procesos de contratación son claves para prevenir irregularidades en el futuro. La participación activa de los órganos de control y la implementación de mejores prácticas en adquisiciones públicas se presentan como herramientas esenciales para fortalecer la gobernabilidad y la confianza institucional.
Un precedente en tiempos de crisis
La condena contra los exfuncionarios y el empresario constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción durante emergencias sanitarias, demostrando que la justicia puede actuar con firmeza incluso en contextos de urgencia y presión. Asimismo, subraya la importancia de la supervisión constante de los procesos de contratación pública y la responsabilidad ética de los servidores y proveedores del Estado.
Para la ciudadanía, este caso se convierte en un ejemplo de que la corrupción no solo afecta a la administración pública, sino también la efectividad de políticas vitales de protección social y salud. Por ello, la persecución de estos delitos refuerza la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de todos los peruanos.