El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ucayali, a cargo de la magistrada Melina Díaz Acosta, declaró infundado el pedido de prolongación del plazo de la prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Jerly Díaz Chota, Javier Nuñez Pérez, Wilson Armando Mego Fuentes, Karla Patricia Mera Silva y Francis Gretshen Andrade Chuquipiondo, por el presunto delito de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
En su lugar, dispuso mandato de comparecencia restringida a Jerly Díaz Chota y los demás investigados, todos los cuales deberán cumplir reglas de conducta a fin de cautelar el normal desarrollo del proceso. En caso se violen las reglas de conducta, la medida podría variar y los investigados regresar a prisión.
A partir de ahora Jerly Díaz deberá acudir a las citaciones que las autoridades judiciales y fiscales le realicen. Igualmente, tendrá que comunicar al Ministerio Público su domicilio en un plazo de 48 horas.
Por otro lado, cada 30 días deberá acercarse al Ministerio Público para dar cuenta de sus actividades y registrar su firma, y no podrá variar su domicilio ni ausentarse de la ciudad sin previa solicitud y autorización expresa y previa del órgano jurisdiccional.
Asimismo, le estará prohibido comunicarse o acercarse a los testigos, así como frecuentar personas y lugares de dudosa reputación.
El mandato de comparecencia restringida a Díaz Chota contempla también el cumplimiento de una caución de S/ 10 000, el cual será cancelado dentro de los 15 días de consentida o ejecutoriada la presente resolución.
La magistrada a los demás investigados también les impuso las mismas reglas de conducta. En cuanto a la caución, el monto es el mismo salvo para Karla Patricia Mera Silva, cuya caución fue fijada en S/ 3 000.
Los hechos
Según la tesis del Ministerio Público, funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y agentes externos habrían estado involucrados en una serie de presuntos ilícitos penales desde el 2019, cuando Jerly Díaz era alcaldesa. Estos delitos se habrían perpetrado en agravio de personas naturales y jurídicas, con el propósito de realizar contrataciones fraudulentas de bienes y servicios a empresas falsas. El caso nace a partir de una información brindada por dos personas identificadas como «Coneja» y “Pedrito” en febrero de 2020.
Las acusaciones incluyen la creación de empresas «fantasmas», que nunca habrían llevado a cabo trabajos en el distrito de Yarinacocha. En lugar de ello, los trabajos supuestamente realizados por estas empresas ficticias eran ejecutados por empleados de la municipalidad. Todo esto habría tenido como objetivo defraudar al Estado peruano y obtener beneficios económicos.
Las empresas que habrían recibido dinero sin prestar servicios son Servicios Generales AN & AM E.I.R.L., Industrial AYA E.I.R.L., Menviza Contratistas Generales S.A.C., Negocios y Servicios JEFF E.I.R.L, JACARONl S.A.C., y otras. El fiscal alegó que estas empresas habrían estado relacionadas con colaboradores y familiares de funcionarios de la municipalidad, quienes habrían participado en el lavado de dinero a través de la compra de propiedades, creación de empresas, restaurantes y vehículos.
Adicionalmente, se menciona que los miembros de esta presunta organización criminal habrían realizado pagos a personas que ya no trabajaban en la Municipalidad de Yarinacocha, beneficiándose económicamente. Además, argumentó que un grupo de trabajadores del municipio habrían llevado a cabo tareas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes y caños naturales que deberían haber sido realizadas por las empresas contratadas.
Cabe señalar que, desde marzo de 2021, sobre Jerly Díaz Chota y los demás investigados pesa una orden de prisión preventiva, en el marco de una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
