El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversas zonas estratégicas del departamento de Piura, como parte de una estrategia para enfrentar el incremento de la criminalidad y los hechos de violencia registrados en la región. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 146-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.
La disposición alcanza a distritos de las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, donde se implementará una intervención reforzada de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, para el control del orden interno en zonas previamente identificadas por criterios de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas del crimen.
Restricción temporal de derechos constitucionales
Durante la vigencia del estado de emergencia, se restringen de manera excepcional algunos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.
Las actividades masivas deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse sin permiso especial. Las municipalidades conservarán sus competencias sobre el uso de espacios públicos y la fiscalización de espectáculos.
Intervención policial y apoyo militar
El decreto establece que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con respaldo operativo de las Fuerzas Armadas en los puntos críticos que sean determinados por los organismos de inteligencia. Las acciones se regirán por los protocolos sobre uso de la fuerza y los decretos legislativos vigentes, con énfasis en la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Las fuerzas del orden ejecutarán operativos de control de identidad, patrullajes a pie y motorizados, así como intervenciones focalizadas contra el crimen organizado, tráfico ilícito y otras actividades delictivas.
Activación de comités y comando operativo
Como parte del despliegue, el decreto dispone que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Piura y los comités provinciales y distritales entren en sesión permanente. Asimismo, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), junto con los comités de Coordinación Distrital, Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica.
El CCO será liderado por el jefe de la Región Policial Piura y deberá coordinar con autoridades judiciales, fiscales, municipales y con el Instituto Nacional de Defensa Civil. Este comando contará con un centro de coordinación operativo las 24 horas, desde donde se supervisarán las acciones desplegadas.
Inteligencia, fiscalización y control territorial
El Comité de Inteligencia coordinará acciones con apoyo de equipos especializados y herramientas tecnológicas, como drones e imágenes satelitales, para el seguimiento de actividades ilícitas. En paralelo, el Comité de Fiscalización realizará operativos conjuntos con entidades como Sunat, Migraciones y Reniec, orientados a la incautación de bienes ilegales, control de dispositivos móviles, verificación de identidad y lucha contra mercados informales vinculados al delito.
Las municipalidades deberán recuperar y mantener libres los espacios públicos asociados a actividades criminales, mientras que Migraciones intervendrá ante casos de documentación fraudulenta o irregular.
Medidas especiales en centros penitenciarios
El estado de emergencia incluye restricciones en los establecimientos penitenciarios, como la reducción de visitas y la aplicación de apagones eléctricos en celdas, con el objetivo de impedir la comunicación ilícita desde los penales. Se realizarán operativos permanentes para la incautación de objetos prohibidos, con apoyo del Ministerio Público y la PNP.
El INPE podrá disponer el traslado de internos por razones de seguridad y la rotación de su personal, además de intensificar la supervisión de inhibidores de señal y acciones de inteligencia penitenciaria.
Supervisión, financiamiento y evaluación de resultados
Las acciones del estado de emergencia serán financiadas con recursos institucionales y fondos adicionales, sujetos a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. El Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá remitir informes periódicos al Ministerio del Interior y presentar un informe final al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial.
Este documento evaluará el impacto de las medidas adoptadas y formulará recomendaciones sobre la continuidad o ajuste de las estrategias de seguridad en las zonas intervenidas.