Durante el I Encuentro Nacional de Equipos Multidisciplinarios, realizado en Arequipa, especialistas en justicia familiar y penal juvenil advirtieron que la Ley N.º 32330, que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves, constituye un grave retroceso. La catedrática María Consuelo Barletta Villarán, de la PUCP, sostuvo que esta norma carece de sustento técnico y responde a una visión punitiva que agrava, en lugar de resolver, el problema de la criminalidad.
Barletta explicó que la nueva ley desmantela el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que promovía un sistema penal acusatorio con enfoque restaurativo y basado en evidencia científica. “Íbamos por el camino correcto, con herramientas para evitar que los adolescentes reincidan. Esta ley ignora ese avance y vulnera principios como la proporcionalidad y la mínima intervención del derecho penal juvenil”, señaló.
Además, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, confirmó que se presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en línea con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo. La ley permite que jueces de adultos impongan penas de hasta cadena perpetua a menores, lo cual es incompatible con tratados internacionales y el principio del interés superior del niño.
El evento, que reunió delegaciones de las 34 cortes superiores del país, incluyó también ponencias internacionales sobre justicia familiar, mediación y vulnerabilidades actuales como el impacto de redes sociales. Los expertos coincidieron en que una reforma judicial con enfoque restaurativo y especializada es más efectiva para reducir la violencia juvenil y garantizar derechos fundamentales, lo cual también contribuye al posicionamiento del Perú en políticas públicas con buen SEO internacional en justicia infantojuvenil.