El Gobierno peruano reportó un importante avance en la lucha contra el narcotráfico en Perú, tras lograr la erradicación de más de 2,500 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en la región Ucayali. Las acciones fueron ejecutadas por el Proyecto Especial Corah, con apoyo de la Policía Nacional, como parte de la estrategia nacional para reducir el espacio cocalero ilegal durante el 2026.
Según información oficial del Ministerio del Interior, el total de áreas erradicadas asciende a 2,512.08 hectáreas, lo que representa el 13.22 % de la meta anual fijada en 19,000 hectáreas dentro del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal 2026. Este resultado marca un avance temprano en el cumplimiento de los objetivos trazados por el Ejecutivo en su política de combate a las economías ilícitas.
Avance en zonas estratégicas de Ucayali
Las operaciones de erradicación se han concentrado principalmente en el eje de Aguaytía, considerado uno de los puntos críticos para el desarrollo de cultivos ilegales vinculados al narcotráfico. En esta zona, las autoridades no solo cumplieron, sino que superaron la meta prevista, alcanzando 2,512.08 hectáreas erradicadas frente a las 2,500 proyectadas inicialmente.
Durante el mes de abril, las brigadas del Corah intensificaron sus intervenciones, logrando eliminar 431.91 hectáreas adicionales en lo que va del mes. Este ritmo de trabajo evidencia una estrategia sostenida que busca frenar la expansión de cultivos ilícitos en áreas de difícil acceso.
El despliegue de estas operaciones ha contado con el respaldo logístico y de seguridad de la Policía Nacional del Perú, lo que ha permitido garantizar la integridad del personal y asegurar el éxito de las intervenciones en zonas donde operan organizaciones criminales.
Impacto directo en el narcotráfico
Más allá de la reducción de los cultivos ilegales, el impacto de estas acciones se traduce en un golpe directo a las finanzas del narcotráfico. De acuerdo con las autoridades, la erradicación de 1,455 parcelas ha permitido evitar la producción potencial de 23 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.
Este resultado tiene un efecto significativo en la cadena de producción de drogas, ya que reduce la disponibilidad de materia prima para la elaboración de estupefacientes, debilitando así la capacidad operativa de las redes criminales.
La estrategia no solo apunta a la eliminación física de los cultivos, sino también a la prevención del crecimiento de estas economías ilegales, que suelen estar asociadas a otros delitos como el lavado de activos, la trata de personas y la violencia en zonas rurales.
Estrategia nacional contra economías ilegales
El Ministerio del Interior reafirmó que estas acciones forman parte de una política integral orientada a combatir el narcotráfico y recuperar el control del territorio en zonas afectadas por actividades ilícitas.
En ese sentido, se anunció la continuidad de las operaciones a través de la Fase 2 del plan de erradicación, que contempla la intervención en otras zonas estratégicas del país, como Putumayo, Caballococha, Constitución, Mishollo, Tingo María, Atalaya y Callería.
Estas intervenciones buscan consolidar la presencia del Estado en regiones donde el narcotráfico ha tenido influencia, reforzando no solo la seguridad, sino también el desarrollo alternativo y sostenible para las poblaciones locales.
Retos en la lucha contra el narcotráfico
A pesar de los avances, la lucha contra el narcotráfico en el Perú continúa enfrentando importantes desafíos. Entre ellos destacan la reaparición de cultivos en zonas erradicadas, la migración de actividades ilícitas hacia nuevas áreas y la influencia de organizaciones criminales que operan en distintos niveles de la cadena delictiva.
Por ello, especialistas coinciden en que la erradicación debe complementarse con políticas de desarrollo alternativo que brinden oportunidades económicas a las comunidades involucradas, así como con acciones de inteligencia y control territorial sostenido.
En este contexto, el Estado busca fortalecer su intervención con un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo y presencia institucional, con el objetivo de reducir de manera permanente el impacto del narcotráfico en el país.