El atentado no es un hecho aislado. En lo que va del año, ya son 26 los dirigentes sindicales que han perdido la vida a manos de bandas dedicadas al cobro de cupos y otras modalidades de extorsión. Estos grupos no solo amenazan a trabajadores, sino que también afectan a empresarios y profesionales que buscan mantener la legalidad y la seguridad en sus actividades laborales.
Ante este contexto de creciente violencia, las organizaciones empresariales han solicitado al Poder Ejecutivo que lidere una lucha más efectiva contra el crimen organizado. Exigen que el Gobierno actúe de manera coordinada con el Congreso de la República, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación para garantizar la seguridad de los ciudadanos y erradicar la impunidad.
La urgencia de tomar medidas contundentes es ahora más clara que nunca. Las organizaciones han dejado en claro que la lucha contra el crimen organizado debe ser una prioridad para todos los sectores del país, a fin de proteger no solo a los dirigentes sindicales, sino a todos los ciudadanos que sufren los efectos de la criminalidad.
