Un empresario que acudió a una comisaría de Huacho para denunciar amenazas de extorsión vivió un hecho alarmante: mientras brindaba su testimonio, recibió una llamada del propio delincuente. La conversación se dio frente a los agentes policiales y fue grabada por la víctima como prueba de la intimidación que estaba sufriendo.
Durante la llamada, el extorsionador exigió el pago de una suma de dinero y advirtió que, de no cumplir, actuarían violentamente. Incluso mencionó que ya le habían hecho un reglaje. Aunque los policías presenciaron todo el intercambio, no intervinieron ni ofrecieron medidas de protección al denunciante, quien fue enviado de regreso a su vivienda.
Horas más tarde, el empresario sufrió un ataque en su domicilio. El video que registró la amenaza fue difundido por la víctima como una forma de denuncia contra el accionar de las autoridades, quienes no solo no actuaron, sino que luego increparon la difusión del material grabado en la comisaría.
Este caso ha generado indignación en la ciudadanía y reaviva el debate sobre la efectividad del sistema de respuesta policial frente a casos de extorsión. La falta de acción ante una amenaza en tiempo real pone en riesgo no solo a las víctimas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.
