Carmen Bulnes Cueva, una empresaria de Nuevo Chimbote, pasó de la incertidumbre a la tragedia en un solo año. En 2022, su vida y la de su familia se vieron destrozadas cuando las autoridades incautaron sus dos propiedades, vinculadas al supuesto delito de tráfico ilegal de residuos peligrosos. Lo que parecía ser una maniobra de justicia, terminó siendo una pesadilla. Un año después de esa acción, su cuerpo fue velado frente a una de esas casas, en señal de protesta.
“Murió de depresión. La justicia le arrebató todo sin pruebas”, expresó su hermano, Jorge Bulnes.
Una herramienta pensada para mafias, no para empresarios
La Ley de Extinción de Dominio, inspirada en la Ley Modelo de la ONU, tiene como objetivo principal la incautación de bienes que provienen de delitos graves, como narcotráfico o crimen organizado. Según su artículo 5, la ley establece que la presunción de buena fe de los propietarios debe ser respetada, y solo deben incautarse bienes directamente vinculados a los ilícitos. En teoría, la norma debe ser un salvavidas para erradicar las mafias y organizaciones criminales, no una herramienta que ataque a los empresarios que operan dentro de la legalidad.
Sin embargo, en Perú, la aplicación de esta ley ha caído en un uso excesivo y, en muchos casos, arbitrario. Las autoridades incautan bienes de empresas y ciudadanos sin que haya pruebas claras de vínculos con actividades ilícitas, ni sentencias que respalden tal acción. A continuación, tres casos emblemáticos que ilustran esta problemática.
La tragedia de la familia Bulnes
El caso de Carmen Bulnes es quizás uno de los más impactantes. La empresaria, tras ser acusada erróneamente de tráfico ilegal de residuos peligrosos, perdió no solo sus propiedades, sino su salud mental. Cuando el caso fue finalmente archivado por falta de pruebas, las propiedades confiscadas seguían bajo custodia del PRONABI, sin que se tomara ninguna medida para su devolución. “No hay delito, pero tampoco devolución. Es una doble condena”, denunció Jorge Bulnes a finales de 2023, con la impotencia de un hermano que perdió a su familiar a causa de una justicia lenta y desproporcionada.
El caso de Pastor Flores: un bus que sustenta a 15 familias
Algo similar sucedió con Pastor Flores, dueño de la empresa Transporte Flores. En este caso, un pasajero de uno de sus buses transportó conchas de abanico sin autorización, lo que llevó a la incautación del vehículo. A pesar de que la empresa no tuvo responsabilidad en el delito y de que el vehículo no estuvo involucrado directamente, el bus fue retenido por la Fiscalía de Extinción de Dominio. Para una pequeña empresa que depende de este vehículo para mantener a 15 familias, la decisión fue devastadora.
La familia Flores, como muchas otras, no entiende cómo una ley diseñada para desmantelar redes criminales puede acabar afectando a empresas que operan de forma legal y transparente, con una carga burocrática que solo agrava la situación.
Pesca en crisis: El miedo en alta mar
La historia se repite en el sector pesquero. Miguel Lévano, un pescador industrial, ha sido testigo de cómo la incautación arbitraria de embarcaciones ha creado una crisis económica en el sector. “Hoy vivimos con miedo. He visto cómo incautan embarcaciones y tratan a nuestros compañeros como delincuentes. Incluso podrían ir a la cárcel. Solo queremos trabajar y mantener a nuestras familias”, expresó Lévano, quien denuncia que la ley está arruinando a quienes operan dentro de la ley, mientras que los verdaderos delincuentes siguen sin ser alcanzados.
La falacia de la presunción de buena fe
Los casos de Bulnes, Flores y Lévano revelan un patrón alarmante: la Fiscalía de Extinción de Dominio incauta bienes primero y hace las preguntas después. Incluso cuando fiscales ambientales o penales descartan la existencia de un delito, las propiedades siguen siendo retenidas. Además, el artículo 6 de la ley internacional es claro: la incautación de bienes solo debe ser posible si existe una conexión directa y probada con actividades ilícitas. Sin embargo, en Perú, esta norma ha sido utilizada de forma imprecisa, afectando a miles de personas que nada tienen que ver con el crimen organizado.
La distorsión de la ley y la tragedia de la justicia
La Ley de Extinción de Dominio fue diseñada para ser un recurso legal contra el crimen organizado, no para devastar a pequeños empresarios y emprendedores. Mientras Carmen Bulnes murió esperando una restitución de sus bienes, Pastor Flores lucha por recuperar su bus, y miles de pescadores viven con la incertidumbre de que sus embarcaciones puedan ser incautadas sin justificación alguna.
Lo que parecía ser una herramienta para combatir a las mafias se ha convertido en una trampa legal que afecta a quienes más necesitan apoyo: los trabajadores y empresarios legales, que hoy claman por una justicia que no los trate como delincuentes.
