Paro nacional de mercados por inseguridad y tarifas abusivas
Los comerciantes del Perú, agrupados en la Confederación Nacional de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm), anunciaron un paro nacional y una marcha pacífica para el miércoles 6 de noviembre, en rechazo a los cobros excesivos de Sedapal y la ola de extorsiones que afecta a miles de trabajadores de los centros de abasto del país.
La movilización comenzará a las 9:00 a. m., partiendo desde el paradero de Acho hacia el Congreso de la República y posteriormente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Según los organizadores, la paralización podría generar pérdidas superiores a S/500 millones, pero los gremios aseguran que se trata de una medida necesaria ante la falta de respuestas del Estado.
“Los mercados somos el motor de la economía del país, pero nos están asfixiando con multas y sin seguridad. Pedimos diálogo, no represión”, señalaron los representantes de la Confenatm.
Extorsión en los mercados: una amenaza nacional
El 50 % de los mercados en el Perú se encuentra extorsionado por mafias que exigen pagos a cambio de “protección”, según cifras de la Confenatm. Las víctimas son principalmente comerciantes minoristas, que denuncian amenazas, cobros ilegales y ataques contra sus locales.
En Lima y Callao, los casos más graves se registran en San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Puente Piedra, distritos que permanecen bajo estado de emergencia. Sin embargo, los comerciantes aseguran que la medida no ha logrado frenar la violencia.
“Vivimos con miedo. Hay dirigentes asesinados y otros amenazados. No podemos invertir ni mejorar nuestros puestos”, denunció uno de los voceros gremiales.
Reclamos contra Sedapal y el Decreto Supremo 010-2019
Los comerciantes también protestan contra los cobros desproporcionados de Sedapal, amparados en el Decreto Supremo N.º 010-2019, que fijó nuevos Valores Máximos Admisibles (VMA) para descargas de aguas residuales. Esta norma equipara a los mercados de abasto con las industrias, generando multas que superan los S/20,000.
En Lima Metropolitana existen más de 1,260 mercados, de los cuales 240 están en San Juan de Lurigancho, mientras que a nivel nacional operan alrededor de 3,600 centros de abasto. “Pagamos S/1,500 por el recibo de agua, pero Sedapal nos multa por montos diez veces mayores. No usamos químicos ni contaminamos, pero nos tratan como fábricas”, reclaman los dirigentes.
Las multas se distribuyen entre los puestos de cada mercado, afectando directamente a pequeños comerciantes y familias. La situación ha llevado a decenas de asociaciones a acumular deudas impagables, generando riesgo de cierre y desempleo masivo.
Ministerio de Vivienda busca diálogo, pero comerciantes exigen soluciones
Ante el conflicto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció la conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial junto con Sedapal y Sunass para revisar la norma y buscar una “proporcionalidad justa” en los cobros. El ministro Wilder Sifuentes Quilcate declaró que la medida busca equilibrar el impacto económico de los mercados con la protección ambiental.
Sin embargo, los gremios mantienen su decisión de ir al paro nacional. Exigen una resolución ministerial inmediata que suspenda las sanciones mientras se revisa el decreto. “No queremos más mesas de diálogo sin resultados. Si no hay soluciones, acudiremos al Poder Judicial y al Ministerio Público”, advirtió la dirigencia nacional.
Un sector vital para la economía
La Confenatm recordó que más de 4,5 millones de peruanos dependen directamente del trabajo en los mercados de abasto, generando empleo para estibadores, transportistas, productores y familias enteras. A pesar de su rol económico, la mayoría de comerciantes no cuenta con seguro de salud ni beneficios laborales.
“Trabajamos desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche, pero el Estado nos ignora. Queremos seguridad y justicia, no más abusos”, señalaron los representantes del gremio.
El paro del 6 de noviembre se perfila como una de las mayores movilizaciones comerciales de los últimos años, un llamado de atención al Gobierno frente a la extorsión criminal, la burocracia estatal y el abandono del sector popular más dinámico del país.