El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) reveló la próxima implementación, por parte del Poder Ejecutivo, de un paquete de normas que pondrían en riesgo las garantías medioambientales del país en su objetivo por relanzar proyectos extractivos.
De acuerdo al informe 34° del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – Reporte Primer Semestre 2024, el Gobierno ha iniciado un “régimen de aplanadora” contra las políticas públicas orientadas a reducir el impacto de la minería y un “desmantelamiento de las regulaciones sobre la actividad privada”.
José de Echave, investigador de CooperAcción, explicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha construido una falsa narrativa respecto a la presunta demora en la emisión de permisos, cuando 10 de los 13 proyectos de gran inversión incluidos en el portal del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) no se han tomado más de diez meses para su aprobación.
“Lo cierto es que los evaluadores se encuentran fuertemente presionados, con documentos de más de 20.000 páginas que se les exige revisar en no más de 6 meses”, señaló. Por otro lado, alertó contra el debilitamiento del Senace: “Nos preocupa que hasta ahora no se haya nombrado al presidente del Senace, y antes ha habido intentos por desaparecerlo mediante una fusión”, aseguró De Echave.
Senace en el ojo de la tormenta
Entre los dispositivos que preocupan está el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y agiliza las “aprobaciones automáticas” de permisos ambientales y con una participación ciudadana recortada, entre otros aspectos. Así mismo preocupan anuncios como la Resolución Ministerial Nº 126-2024-MINAM que resta atribuciones al Senace y la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM, que modifica nuevamente el Reglamento de Cierre de Minas. También se han anunciado modificaciones a los procesos de autorización de uso de agua con “renovaciones automáticas” entre otras medidas que debilitan al sector ambiental.
A su turno, la congresista Ruth Luque denunció que el Poder Ejecutivo intenta “justificar un paquete de modificaciones”, de cara al 28 de julio, para desregular el sector minero en perjuicio también de las comunidades originarias, en una desafección conjunta de los ministerios del Ambiente y de Cultura.
“Necesitamos instituciones autónomas y técnicas con la rigurosidad idónea que garantice los derechos de la población, que vive constantemente amenazada y cuyas fuentes de agua son contaminadas”, relató.
“El Ministerio de Cultura se ha convertido en otra mesa de partes, porque al final son las poblaciones indígenas las que se ven afectadas. La respuesta estatal es deficiente, que responde básicamente a agilizar de cualquier manera estos proyectos”, advirtió Luque.
“Seguir haciendo minería en esos términos solo va a elevar la conflictividad social. Los miembros de las comunidades están utilizando los medios legales que les da un Estado de derecho, se plantean acciones concretas. Aquí no somos antimineros ni violentistas”, aclaró David Velasco, director de Fedepaz.
Paro de 48 horas en Tía María
Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo (Arequipa), anunció que este jueves 18 de julio se ha iniciado un “paro seco” -cierre de negocios, transportes y comercios, entre otros- de 48 horas contra el proyecto minero Tía María. De no ser atendidos por el Gobierno, la movilización podría ser a nivel regional.
“Esperamos que el ministro se pronuncie. Este Gobierno tiene un compromiso con el Valle del Tambo, no solo la presidenta Dina Boluarte que, en campaña, dijo que ‘Tía María no va’. La paralización se está dando de manera pacífica”, destacó Meza.
El dirigente denunció que la empresa Southern ha iniciado una carrera por criminalizar a las comunidades opuestas al proyecto. Tampoco se abordan los riesgos de La Tapada, otro yacimiento contiguo, que afectaría los canales de regadío que abastecen a este productivo valle agrícola.
Una situación similar se ve en Cajamarca, donde la abogada y directora de Grufides, Mirtha Villanueva, advirtió que el gobierno insiste con un proyecto de similar conflictividad latente: Conga. Para la experta, el Estado ha permitido el copamiento de los espacios de diálogo y concertación por parte de las mineras.
“¿Cuántos de nosotros, indirectamente, estamos siendo afectados? Necesitamos información detallada, pero ahora el Estado está recortando el tiempo para aprobar un EIA. Creo que el Observatorio es una oportunidad para retomar el diálogo para quienes aún tenemos esperanza”, concluyó Villanueva.