El Gobierno aprobó este 12 de junio el Decreto Supremo n.º 003-2025, que pone en marcha la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal en el Perú al 2030. La medida, que forma parte del Plan Perú Seguro, busca reforzar la lucha contra este delito en todo el territorio nacional mediante un enfoque integral y sostenido. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio del Interior (Mininter), en coordinación con diversas entidades del Estado.
El documento oficial —publicado en El Peruano— establece seis objetivos específicos para abordar distintos eslabones de la cadena delictiva: desde la explotación no autorizada de recursos hasta la comercialización de minerales de origen ilegal. Entre las principales acciones se encuentra la reducción del uso ilícito de insumos como hidrocarburos, maquinaria y explosivos, así como el aumento de la fiscalización de plantas de procesamiento y guías de remisión empleadas por mineros informales.
Además, la estrategia contempla el fortalecimiento del sistema de justicia especializado en crimen organizado, promoviendo investigaciones más profundas y el uso de mecanismos como la extinción de dominio para golpear las finanzas de las redes delictivas vinculadas a esta actividad.
La implementación estará a cargo de una comisión multisectorial de carácter permanente, en conjunto con el Mininter. Cada entidad involucrada deberá presentar su propio plan de acción y gestionar el presupuesto correspondiente, con cargo a sus recursos institucionales. La estrategia se financiará dentro del marco legal vigente, sin requerir recursos adicionales.
El decreto cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte y está refrendado por seis ministros: Interior, Defensa, Energía y Minas, Ambiente, Economía y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Con esta decisión, el Ejecutivo refuerza su cruzada contra el crimen organizado que opera en torno a la minería ilegal, considerada una de las principales amenazas ambientales y de seguridad en el país.