Este lunes 11 de agosto, el Gobierno peruano llevó a cabo la quinta reunión de la Mesa Técnica sobre Formalización Minera, un espacio de diálogo fundamental para avanzar en la legalización y regulación de la minería artesanal y de pequeña escala en el país. La sesión estuvo presidida por el premier Eduardo Arana y contó con la participación del ministro de Energía y Minas, congresistas, el Defensor del Pueblo, y representantes de gremios mineros.
¿Qué es la Mesa Técnica sobre Formalización Minera?
La Mesa Técnica es un grupo multisectorial creado para diseñar y supervisar el proceso de formalización de la minería artesanal y pequeña minería. Este sector es clave para muchas comunidades, pero enfrenta graves problemas por la informalidad, la falta de regulación y las malas condiciones laborales y ambientales.
Actualmente, hay más de 50 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que denuncian estar excluidos del proceso formal. Esto ha generado tensiones y protestas, que el Ejecutivo busca atender mediante este diálogo abierto.
¿Quiénes participaron en la reunión?
La quinta reunión reunió a importantes autoridades y actores del sector:
- El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana
- El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero
- El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez
- Congresistas de varias bancadas
- Representantes de gremios mineros y trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal
Esta diversidad busca garantizar que las decisiones sean inclusivas y respondan a las distintas realidades y necesidades del sector.
¿Qué temas se trataron en la reunión?
La agenda de esta sesión se centró en tres temas prioritarios:
- Avances en el proceso de formalización minera: se revisaron los progresos, dificultades y próximos pasos para acelerar la legalización del sector.
- Propuesta laboral para trabajadores mineros: se discutieron mejoras en las condiciones laborales, incluyendo derechos, seguridad social y formalización del empleo.
- Proyecto de nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal: se analizaron los borradores legislativos con el objetivo de contar con una norma actualizada que regule mejor esta actividad.
¿Cuál es la posición del Gobierno?
El Ejecutivo reafirmó su compromiso con un proceso de formalización que sea ordenado, participativo y sostenible. La presidenta de la República ha señalado la importancia de luchar contra la minería ilegal para proteger el medio ambiente y la economía formal, pero también ha instado a apoyar a los mineros que desean trabajar dentro de la ley.
El ministro del Ambiente ha resaltado que la política estatal está dirigida a erradicar prácticas ilícitas que dañan los ecosistemas, al tiempo que se promueve la formalización responsable y la inclusión social.
¿Qué significa esto para los mineros artesanales?
La minería artesanal y pequeña minería son actividades que mueven la economía en muchas zonas rurales, pero la falta de formalización limita el acceso a financiamiento, tecnología y mejores mercados. Esto afecta directamente a miles de mineros y sus familias, que enfrentan condiciones precarias y riesgos laborales.
El avance de esta mesa técnica podría significar un cambio importante para miles de mineros, especialmente para los inscritos en el REINFO, quienes buscan un proceso claro y ágil para obtener seguridad jurídica y mejorar sus condiciones de trabajo y vida.
¿Qué sigue después de esta reunión?
El Gobierno mostró disposición para continuar el diálogo con gremios y otros actores, con miras a definir acciones concretas y cronogramas claros. La nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal se espera que sea un instrumento clave para modernizar el sector y garantizar su desarrollo sostenible.
La inclusión efectiva de los mineros REINFO es uno de los grandes retos para evitar que la informalidad siga creciendo y se incrementen los conflictos sociales vinculados a la minería.
Este proceso es fundamental para fortalecer un sector que representa un pilar económico para muchas regiones del país, pero que también requiere un equilibrio entre desarrollo, protección ambiental y respeto a los derechos laborales.
