Decreto supremo publicado en El Peruano
El Poder Ejecutivo aprobó el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva, mediante el Decreto Supremo N.º 026-2025-JUS, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La norma establece lineamientos de aplicación obligatoria para los operadores que integran el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, con el propósito de uniformizar criterios y procedimientos en la intervención de este tipo de casos.
Alcance y responsabilidades del sistema especializado
De acuerdo con el decreto supremo, la elaboración del plan de monitoreo y evaluación del protocolo estará a cargo del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, órgano responsable de supervisar su correcta implementación.
Asimismo, la Secretaría Técnica de dicho consejo asumirá la coordinación y ejecución de las acciones de capacitación y difusión, dirigidas a los operadores del sistema, a fin de asegurar la aplicación adecuada de los lineamientos establecidos.
Estas disposiciones buscan fortalecer el funcionamiento del sistema especializado mediante un enfoque articulado entre las distintas entidades que participan en la administración de justicia penal.
Mejora de la coordinación interinstitucional
El protocolo tiene como objetivo central optimizar la coordinación y articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú, en la atención de los casos de flagrancia delictiva.
Según lo dispuesto, el instrumento normativo permitirá establecer procedimientos claros para una intervención oportuna y adecuada, contribuyendo a una respuesta más eficiente del sistema de justicia frente a delitos cometidos en flagrancia.
Instrumento para operadores de justicia penal
Con la aprobación de este protocolo, el Ejecutivo busca dotar a los operadores del Sistema de Justicia Penal de una herramienta que facilite la correcta aplicación de los procedimientos en casos de flagrancia, respetando las competencias de cada institución involucrada.
La norma se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la especialización y la coordinación interinstitucional, elementos considerados clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en este tipo de intervenciones.