La noche del sábado se convirtió en una nueva escena de terror en Huaycán, distrito de Ate, cuando dos hombres fueron asesinados a balazos mientras bebían alcohol frente a una licorería cercana a sus viviendas. El crimen ocurrió exactamente un mes después de que el Ejecutivo declarara en estado de emergencia a Lima Metropolitana y el Callao, una medida que, pese a su intensidad policial y militar, no ha logrado frenar la ola de violencia urbana.
De acuerdo con información policial, los fallecidos fueron identificados como Gustavo Rivas Huaringa (35) y Michael Sánchez Bejarano (34), amigos de infancia y vecinos de la zona. Ambos recibieron 11 impactos de bala por parte de sicarios que huyeron inmediatamente del lugar. La brutalidad del ataque, sumada al contexto de emergencia, ha reavivado el debate sobre la eficacia de las medidas del Gobierno para controlar el crimen organizado.
¿Cómo ocurrió el ataque en Huaycán?
El hecho se registró alrededor de las 10 p. m., frente a una licorería ubicada en la zona de Pariachi, uno de los sectores más poblados de Huaycán. Según testigos, las víctimas estaban conversando y consumiendo bebidas alcohólicas cuando un vehículo se detuvo a escasos metros. Dos sujetos descendieron y sin mediar palabra abrieron fuego directamente contra ellos.
Los disparos alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y encontraron a ambos hombres tendidos en el suelo, gravemente heridos. Personal de Criminalística llegó minutos después y confirmó la muerte de los dos ciudadanos.
Rivas Huaringa trabajaba como pintor y deja un menor en orfandad; Sánchez Bejarano era trabajador de la zona. Ambos tenían una larga relación de amistad desde que crecieron juntos en el barrio.
Para los familiares, no existe claridad sobre los posibles móviles, aunque la Policía evalúa hipótesis vinculadas a ajustes de cuentas, sicariato y disputas territoriales entre bandas criminales.
¿Qué revela este crimen sobre la seguridad en el estado de emergencia?
La ejecución se produjo un mes después de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia en Lima y Callao, una medida extraordinaria que suspendió libertades constitucionales y autorizó patrullaje militar conjunto con la Policía Nacional.
Sin embargo, casos como este continúan ocurriendo con frecuencia. ¿Está funcionando realmente la medida? Para especialistas consultados en días recientes por diversos medios, la respuesta sigue siendo ambigua: la militarización puede reducir delitos inmediatos, pero no desarticula las redes criminales que operan en barrios como Huaycán, San Juan de Lurigancho, El Agustino y el Callao.
Este doble asesinato demuestra que las bandas de sicariato siguen operando con absoluta impunidad, y que los ciudadanos continúan expuestos a ataques incluso en zonas residenciales.
La Policía investiga el accionar de los sicarios
Agentes de la Dirincri y la comisaría de Huaycán han iniciado las pesquisas para identificar a los responsables. Los peritos recogieron cámaras de seguridad de locales y viviendas cercanas, así como casquillos y evidencias balísticas que permitirán reconstruir la trayectoria de los disparos.
Entre las primeras líneas de investigación se evalúa si los atacantes pertenecen a bandas de extorsión o cobro de cupos, que vienen expandiéndose en Ate, Santa Anita y Chaclacayo. El patrón del ataque —rápido, dirigido y con múltiples impactos— coincide con los métodos del sicariato contratado.
El contexto político: Gobierno busca facultades para legislar contra el crimen
Horas antes del ataque, el Ejecutivo anunció que solicitó al Congreso una delegación de facultades por 60 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
Entre las propuestas más relevantes en materia de seguridad figura la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), estructura que apunta a enfrentar delitos como sicariato, secuestro, extorsión, cobro de cupos y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.
Además, el Gobierno plantea una reforma integral del sistema penitenciario mediante la reestructuración del INPE. El nuevo organismo proyectado, la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), tendría como objetivo elevar los estándares de seguridad, clasificar internos y evitar que los presos sigan dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles.
En total, el proyecto contiene 58 medidas, de las cuales 26 están enfocadas en seguridad ciudadana.
¿Puede este paquete legislativo frenar crímenes como el de Huaycán?
La pregunta clave es si el conjunto de medidas podrá reducir hechos violentos como este. Diversos analistas consideran que las reformas propuestas, especialmente las orientadas a la lucha contra la extorsión y la reorganización del sistema penitenciario, podrían ser un avance, pero advierten que el impacto no será inmediato.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan viviendo bajo el temor constante de nuevos ataques en zonas que, pese a estar bajo emergencia, siguen siendo vulnerables. El doble homicidio en Huaycán es un recordatorio doloroso de que el crimen organizado mantiene el control de vastos territorios urbanos.
Vecinos exigen presencia permanente del Estado
Tras el ataque, los vecinos exigieron mayor presencia policial y patrullaje continuo. Para ellos, la violencia no es un episodio aislado sino parte de un patrón de intimidación que se intensifica durante las noches.
“Si matan a dos personas en plena emergencia, ¿qué nos espera en un día normal?”, cuestionó un poblador que prefirió mantener su identidad en reserva.
La comunidad espera que las autoridades actúen con rapidez para capturar a los responsables y evitar que el barrio siga siendo escenario de crímenes cada vez más violentos.