Un nuevo frente de protesta se alza en el país. Los familiares de las víctimas de la represión ocurrida durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023 han anunciado un plantón de protesta este jueves 21 de agosto frente al Palacio de Justicia, en Lima. El motivo: rechazar la reciente propuesta del congresista Fernando Rospigliosi, tercer vicepresidente del Congreso, para establecer una nueva Ley de Amnistía que beneficiaría a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) implicados en los enfrentamientos durante ese periodo.
La convocatoria ha sido realizada por la Asociación de Víctimas del 9 de enero de 2023 de Juliaca – Puno, uno de los episodios más sangrientos de las protestas. Aquella jornada dejó al menos 18 muertos, según cifras de organismos nacionales e internacionales.
El reclamo: “No más impunidad”
Mediante un comunicado publicado en redes sociales, los deudos señalaron que la propuesta representa “una afrenta a la memoria de nuestros familiares asesinados” y denunciaron que esta ley buscaría “blindar a quienes dieron las órdenes de disparar contra el pueblo desarmado”.
“Es un insulto a los sobrevivientes y a quienes seguimos luchando por justicia y reparación”, expresa el pronunciamiento.
La agrupación también recalcó que no permitirán que “la historia se repita” y que están dispuestos a alzar su voz en todo el país para impedir una norma que, desde su perspectiva, consagraría la impunidad en uno de los episodios más oscuros de los últimos años.
¿Qué dice la propuesta de Fernando Rospigliosi?
El congresista de la bancada fujimorista, Fernando Rospigliosi, declaró recientemente que “tras lograr la amnistía para quienes combatieron el terrorismo, ahora se debe amnistiar a los efectivos que enfrentaron la violencia durante las protestas”. Aseguró que está estudiando los caminos legales para viabilizar la propuesta.
Rospigliosi sostiene que los miembros de la PNP y las FF. AA. “actuaron bajo órdenes y en el marco del control del orden interno”, por lo que no deberían ser procesados penalmente por homicidio. Sin embargo, este argumento ha sido duramente criticado por diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.
Un plantón con eco internacional
El plantón convocado para el 21 de agosto coincide con un hecho clave a nivel internacional. Ese mismo día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará en Costa Rica una audiencia pública de supervisión de sentencia sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como sobre la controversia generada por leyes de amnistía en Perú.
La coincidencia no es menor. Los deudos de Juliaca buscan visibilizar su lucha en el ámbito internacional y alertar sobre el peligro de que el Estado peruano reincida en mecanismos de impunidad ya cuestionados por organismos internacionales en décadas anteriores.
¿Quiénes se sumarán a la movilización?
La Asociación ha hecho un llamado amplio: invitan a participar a los familiares de víctimas no solo de las protestas de 2023, sino también a los deudos de la violencia estatal entre 1980 y 2000, así como a los afectados por la represión durante el régimen de Manuel Merino en 2020.
Este intento por articular distintas generaciones de lucha por justicia evidencia una preocupación transversal: que la violencia estatal sea borrada del mapa judicial mediante leyes que amparen a quienes abusaron del poder.
Amnistía: ¿justicia o encubrimiento?
La figura de la amnistía, si bien puede tener justificaciones en contextos de transición política o pacificación, ha sido ampliamente criticada cuando se utiliza como herramienta para encubrir violaciones de derechos humanos. Así lo ha señalado en reiteradas ocasiones la propia Corte IDH, que en su jurisprudencia ha declarado la incompatibilidad de las leyes de amnistía con los compromisos internacionales del Perú.
Casos como los de Barrios Altos y La Cantuta, cuyas víctimas fueron asesinadas por el Grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori, son ejemplos paradigmáticos de por qué la justicia internacional se opone firmemente a este tipo de normas.
Reacciones políticas y sociales
Diversos actores políticos también se han pronunciado. El congresista Roberto Sánchez presentó recientemente un proyecto de ley para derogar cualquier intento de amnistía dirigido a exonerar de responsabilidad penal a policías y militares involucrados en las protestas.
Por su parte, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional han advertido que una ley de este tipo podría significar una regresión grave en materia de justicia transicional y derechos humanos en el país.
Un nuevo capítulo en la lucha por justicia
La protesta convocada por los deudos este jueves representa mucho más que una manifestación puntual. Es el reflejo de un país que aún no cierra sus heridas, que exige verdad y responsabilidad, y que no quiere retroceder frente a avances importantes en justicia para las víctimas.
La movilización en Lima, sumada al contexto internacional que representa la audiencia de la Corte IDH, podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro de la propuesta de ley de amnistía. Queda por verse si el Congreso peruano escuchará a las víctimas o seguirá el camino de la impunidad.
