El servicio de transporte hacia la ciudadela de Machu Picchu se encuentra en medio de un escenario crítico. A pesar de que la concesión del consorcio Consettur finalizó el pasado jueves 4 de setiembre, sus buses continúan operando debido a que los 18 vehículos de la nueva empresa adjudicataria, San Antonio de Torontoy, aún no están disponibles en la zona.
El lunes 8 de setiembre, estaba previsto que la nueva operadora inicie sus servicios en la ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la emblemática llaqta inca, pero las unidades no llegaron. Para evitar el desabastecimiento del transporte turístico, Consettur decidió mantener su flota en circulación.
¿Por qué no opera la nueva concesionaria?
La Municipalidad Provincial de Urubamba otorgó, mediante un proceso exprés, la concesión temporal por cuatro meses a la empresa San Antonio de Torontoy, pero la medida ha sido cuestionada.
Desde Consettur denuncian que la nueva empresa no cuenta con infraestructura básica para brindar el servicio. No tiene planta de abastecimiento de combustible, estación de embarque, ni las condiciones técnicas mínimas para operar en una de las rutas turísticas más demandadas del país.
Esto ha generado incertidumbre no solo entre los visitantes, sino también en operadores turísticos, hoteleros y gremios locales, que advierten que la improvisación podría afectar la imagen internacional del Perú como destino turístico.
Ataques, suspensión temporal y medidas de seguridad
El conflicto se agudizó el domingo 7 de setiembre, cuando Consettur suspendió sus operaciones durante tres horas tras reportar un ataque a una de sus unidades.
Según el representante legal del consorcio, César Mosqueira, un grupo de personas habría lanzado un proyectil —posiblemente una piedra— contra un bus en el puente Ruinas, ubicado entre Machu Picchu Pueblo y la carretera hacia la ciudadela. El incidente generó preocupación por la seguridad de los turistas y llevó a la empresa a detener el servicio.
Para evitar nuevos ataques, el Ministerio del Interior anunció la implementación de un plan de seguridad que incluye la presencia de efectivos policiales a bordo de los buses que transportan a los visitantes.
¿Qué dicen las autoridades?
El alcalde de Urubamba, Ronald Vera, defendió la decisión de otorgar la concesión temporal a San Antonio de Torontoy. Según explicó, el proceso está sustentado en documentos extrajudiciales y en la normativa vigente, y busca garantizar la continuidad del servicio para los más de 5,000 turistas que suben diariamente a Machu Picchu.
Sin embargo, las críticas apuntan a una falta de coordinación entre la municipalidad, la empresa entrante y el Gobierno central. La situación actual revela una brecha de planificación que ha dejado en incertidumbre uno de los principales atractivos turísticos del país.
Turistas atrapados en la incertidumbre
Mientras las autoridades discuten, los turistas nacionales y extranjeros enfrentan largas esperas, confusión y, en algunos casos, se ven obligados a subir a pie hasta la ciudadela inca. La Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu ha solicitado instalar mesas de diálogo entre los gremios turísticos, autoridades locales y el Gobierno central para encontrar una solución definitiva.
El riesgo es claro: cualquier interrupción prolongada podría impactar en la reputación internacional del destino y en la economía de las comunidades locales que dependen del turismo.
El caso de los buses a Machu Picchu refleja fallas de coordinación, falta de planificación y posibles irregularidades en la gestión de concesiones turísticas. Mientras tanto, los visitantes y operadores turísticos cargan con el impacto directo de esta crisis. Si no se adoptan medidas urgentes, el conflicto podría escalar y dañar la reputación de uno de los destinos más importantes del mundo.
