En el marco del Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, CHS Alternativo alertó del incremento de casos y la escasa información que se tiene sobre este delito. Mientras en el año 2019 el Ministerio Público registró solo 11 denuncias por trabajo forzoso, en el 2022 se contabilizaron 37 denuncias, un incremento de más del triple de casos. Sin embargo, un estudio de CHS Alternativo, en alianza con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), estimó que 3.4 millones de peruanos se reconocen como víctimas de este crimen, lo que evidencia un amplio subregistro de casos.
Según la referida encuesta de percepciones de trabajo forzoso realizada en 2022, el 54% de peruanos no comprende en qué consiste el trabajo forzoso, el 30% considera que es una práctica frecuente o muy frecuente en el Perú, y un 18% no sabe dónde acudir para pedir ayuda o denunciar este delito.
Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, afirmó que en los últimos años el Estado ha logrado importantes avances en la lucha contra el trabajo forzoso, pues se han implementado protocolos de actuación frente al delito para fiscales y defensores públicos, se ha reglamentado la ley que crea el Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso y se ha implementado un acuerdo plenario para establecer las diferencias del trabajo forzoso con otros delitos similares. Sin embargo, aún hay deficiencias del Ejecutivo frente a una problemática que crece.
“Por ejemplo, no se sabe aún cómo se implementará este observatorio de trabajo forzoso o cómo será su funcionamiento y se desconocen los resultados de la encuesta piloto de trabajo forzoso que se hizo en Cusco y que originalmente iba a ser una encuesta nacional. Esto último es relevante para medir las denuncias o procesamiento de casos para la toma de decisiones. No se pueden hacer políticas públicas ni tomar acciones sin información”, advirtió.
Otros puntos a considerar por Aguilar son el presupuesto para combatir el delito y la demora en la aprobación de una política nacional que reemplace el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso que venció en 2022. “Tal como está ocurriendo con la trata de personas, la criminalidad en este delito va a escalar. Debemos actuar antes de que la situación sea incontrolable, pues entonces la capacidad del Estado será menor y las más golpeadas serán las poblaciones vulnerables, tal como hemos identificado que está sucediendo en Loreto, en las actividades criminales de oro, madera, narcotráfico y explotación sexual», manifestó.
