La reciente adquisición de 7,323 fusiles de asalto para la Policía Nacional del Perú (PNP), con un costo de más de 89 millones de soles, se ha visto empañada por una grave falta de municiones. A pesar de ser parte de una estrategia para reforzar la lucha contra la delincuencia, las nuevas armas no pueden ser utilizadas en operativos debido a la escasez de balas.
Según un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 20 de mayo de 2025, las municiones adquiridas para estos fusiles —calibre 5.56 x 45 mm— solo fueron asignadas a actividades de instrucción, lo que impide su utilización en acciones policiales efectivas. La situación fue denunciada por el programa Cuarto Poder, que reveló que no se realizaron gestiones para la compra de municiones específicas para las operaciones.
La compra de estos fusiles tenía como objetivo reemplazar el armamento obsoleto de la PNP, que ya contaba con más de 30 años de uso. Sin embargo, la falta de municiones adecuadas para su operación limita seriamente la capacidad de la policía para cumplir su misión de garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
La adquisición de los fusiles fue gestionada bajo la modalidad de encargo entre el Ministerio del Interior y la empresa FAME S.A.C. Sin embargo, el informe de la Contraloría también destaca un incremento en el costo del contrato. La inversión inicialmente estimada en 61 millones de soles en 2022 aumentó un 46% en 2024, alcanzando los 89 millones de soles, lo que generó preocupaciones sobre la transparencia en el proceso de compra.
El 8 de mayo de 2025, durante una ceremonia presidida por Dina Boluarte, se entregó el primer lote de 700 fusiles, con el objetivo de modernizar el armamento de la PNP y mejorar la seguridad pública. La presidenta aseguró que esta compra era parte de una estrategia integral para fortalecer la capacidad operativa de la policía en zonas de alto riesgo, como Pataz, en La Libertad.
A pesar del entusiasmo oficial por la compra, la falta de municiones para el uso de los nuevos fusiles deja en evidencia una falta de coordinación y urgencia para equipar adecuadamente a las fuerzas de seguridad. Los altos costos de la compra y las promesas de modernización de la PNP se ven opacadas por la falta de recursos esenciales para el cumplimiento de la misión policial.