A cuatro años del derrame de petróleo que afectó las costas de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresa su “profunda preocupación” por la parálisis en la recuperación integral del ecosistema marino-costero. Pese al tiempo transcurrido, los planes de rehabilitación presentados por la empresa responsable aún no cuentan con aprobación definitiva, lo que mantiene en la incertidumbre a miles de pescadores artesanales y comerciantes locales.
Una supervisión conjunta realizada a finales de 2025 confirmó que, si bien el agua de mar presenta niveles estándar en algunas zonas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en los sedimentos de diversas playas aún superan los niveles permitidos. Esta evidencia técnica subraya que la contaminación persiste en el fondo marino, imposibilitando garantizar la calidad sanitaria de los recursos hidrobiológicos y la seguridad para el uso recreativo de los balnearios.
Falencias en la compensación y nuevos registros
La crisis social derivada del desastre también se mantiene vigente. La Federación de Pescadores Artesanales Ancestrales ha solicitado recientemente la instalación de una mesa de trabajo multisectorial para determinar la magnitud real y la temporalidad del daño, ante la desconfianza en los procesos de indemnización actuales.
En este contexto, la Defensoría destacó la importancia de la Ley 32534, publicada el 16 de diciembre de 2025, que crea el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas. No obstante, la institución considera que esta medida es insuficiente si no se modifica el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. El objetivo es asegurar que el Estado intervenga de manera más robusta, garantizando criterios técnicos objetivos y condiciones de igualdad en las negociaciones entre la empresa y los damnificados.
Un llamado a la remediación verificable
Para el órgano defensorial, la aprobación y ejecución de los planes de rehabilitación no es solo un trámite administrativo, sino una obligación ética y legal bajo los principios de reparación integral y responsabilidad ambiental. La demora en este proceso vulnera los derechos fundamentales de las familias que dependen económicamente del mar.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades ambientales a concluir con diligencia la evaluación de los planes técnicos y exigió a la empresa operadora cumplir con los estándares requeridos. El organismo reafirmó que mantendrá la supervisión en las zonas impactadas para asegurar que la remediación del litoral peruano deje de ser una tarea pendiente y se convierta en una realidad verificable para la población perjudicada.