En un país donde proteger el medio ambiente, los territorios y los derechos humanos puede costar la libertad o incluso la vida, más de 90 defensores y defensoras de 20 regiones del Perú se reunirán del 7 al 9 de julio en Lima para participar en el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales.
Bajo los lemas “Perú, te quiero, por eso te defiendo” y “Justicia para Defensores y Defensoras”, este evento —organizado por el Grupo Impulsor de la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú— no solo busca visibilizar las luchas territoriales, sino también denunciar la creciente criminalización de quienes protegen los recursos naturales y a sus comunidades, lo cual afecta no solo a los propios defensores, sino también a sus familias.
Según Global Witness, el Perú ocupa el sexto lugar entre los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales, con más de medio centenar de asesinatos en la última década. Esta cifra refleja la dura realidad que enfrentan a diario. Además, según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 39 casos de afectaciones a defensores, incluyendo hostigamiento judicial, amenazas y violencia física.
La situación es especialmente crítica en regiones como Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde al menos 226 defensores se encuentran en riesgo, enfrentando amenazas de muerte, procesos judiciales sin sustento y ataques armados, debido al avance de actividades ilícitas como minería ilegal, tala indiscriminada y narcotráfico. Esta situación se agrava por la ausencia del Estado en estos territorios.
En el encuentro también se dará visibilidad a casos emblemáticos de vulneraciones a derechos. Uno de ellos es el de Cotabambas, Apurímac, donde 11 comuneros fueron absueltos tras más de una década de procesos judiciales por oponerse al proyecto minero Las Bambas. Aunque no hubo pruebas en su contra, el desgaste emocional y económico fue enorme para ellos y sus familias.
En Cajamarca, el fantasma del proyecto Conga —suspendido en 2012 pero actualmente en debate para una posible reactivación— revive el temor de las comunidades, que ya sufrieron la pérdida de cinco vidas durante la violenta represión policial de las protestas. El pasado 1 de julio, el Juzgado Unipersonal de Celendín declaró prescrito el proceso judicial contra los mandos policiales a cargo del operativo, pese a que el juez reconoció el uso desproporcionado de la fuerza contra defensores y comuneros. Un nuevo caso de impunidad.
En Chaparrí, Lambayeque, la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape —reconocida por custodiar la primera Área de Conservación Privada del país— enfrenta constantes amenazas de mafias que intentan apropiarse del territorio. Su presidente, Edivar Carrasco, ha recibido siete amenazas de muerte. Aunque algunos procesos penales han sido archivados, el riesgo persiste para él y su comunidad.
Mientras tanto, en Urinsaya, Cusco, 10 comuneros enfrentan una acusación de secuestro interpuesta por la empresa Las Bambas. La fiscalía ha solicitado penas de hasta 30 años de prisión, en un caso que evidencia la criminalización de la protesta social, sin pruebas contundentes que sustenten la acusación.
Encuentro Nacional
Frente a este panorama, el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales se presenta como un espacio crucial para articular respuestas y fortalecer la protección a quienes defienden la vida y la naturaleza. Durante tres días, los participantes compartirán experiencias, analizarán las debilidades de los marcos legales actuales y construirán de forma colectiva una Agenda Nacional 2025–2026 con estrategias de protección efectiva.
Además, se reunirán con autoridades nacionales y organismos internacionales, como la OACNUDH y la Unión Europea. Finalmente, el 9 de julio, defensores y defensoras ofrecerán una conferencia de prensa donde presentarán su agenda estratégica, demandas y propuestas, exigiendo el respeto por sus derechos y sus vidas.
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