El sistema de justicia peruano ha emitido un veredicto final en favor de la conservación del patrimonio natural. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ha resuelto confirmar la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Este fallo judicial marca un hito decisivo para la gestión de José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp, cuya administración ha sostenido una defensa técnica y legal inquebrantable para proteger la intangibilidad de las zonas reservadas frente a intereses extractivos a gran escala.
La batalla por el mar protegido
El conflicto legal se originó cuando la SNP solicitó la nulidad con efectos retroactivos de la Directiva N° 006-2021-SERNANP-DGANP. Específicamente, el gremio pesquero buscaba eliminar la prohibición de extracción a mayor escala (industrial) de recursos hidrobiológicos dentro de las Áreas Naturales Protegidas, argumentando una supuesta ilegalidad en la norma.
Sin embargo, la estrategia de defensa liderada por el Sernanp prevaleció. El Poder Judicial determinó que no existe contradicción legal y que, por el contrario, la directiva cuestionada reafirma las prohibiciones ya establecidas en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N° 038-2001-AG).
Un blindaje definitivo
El proceso, que admitió la participación de terceros coadyuvantes como sindicatos de pescadores, tuvo su audiencia de vista de causa el pasado 7 de noviembre de 2025. A la fecha, el sistema de seguimiento de expedientes del Poder Judicial confirma que la causa ya ha sido votada, ratificando el rechazo a la demanda de la industria pesquera.
Con esta decisión, que se encuentra pendiente de notificación formal, se consolida la autoridad del Sernanp para regular y restringir actividades económicas que pongan en riesgo los ecosistemas. La gestión de Nieto Navarrete logra así asegurar que las Áreas Naturales Protegidas del Perú se mantengan libres de pesca industrial, garantizando su función como refugios de biodiversidad y bancos naturales de recursos para la pesca artesanal y la seguridad alimentaria futura.