La Corte Suprema resolvió mantener al juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria al frente del proceso penal seguido contra la exministra y exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, que rechazó la recusación presentada por la defensa legal de la exfuncionaria, al considerar que no existen elementos objetivos que pongan en duda la imparcialidad del magistrado.
El pronunciamiento del máximo tribunal se produce en un contexto judicial y político sensible, marcado por las consecuencias del quiebre institucional ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo. La resolución reafirma la continuidad del proceso y delimita los alcances del principio de imparcialidad judicial, uno de los ejes centrales del reclamo formulado por la defensa de Chávez.
H3: Recusación fue rechazada por falta de sustento objetivo
La recusación contra Juan Carlos Checkley fue presentada el 26 de septiembre, cuando el magistrado debía evaluar un requerimiento fiscal orientado a ampliar las reglas de conducta impuestas a Betssy Chávez. Entre estas medidas figuraban restricciones para acudir a embajadas, comunicarse con autoridades extranjeras y mantener contacto con otros investigados o testigos del caso, además del pago de una caución económica.
La defensa de la exministra argumentó que existían dudas razonables sobre la imparcialidad del juez, recordando que en diciembre de 2024 el Tribunal Constitucional anuló una resolución emitida por Checkley que prolongaba la prisión preventiva de Chávez fuera del plazo legal. Sin embargo, la Sala Penal Permanente determinó que este antecedente no constituye, por sí solo, un elemento suficiente para apartar al magistrado del proceso.
Según la resolución suprema, no se acreditaron hechos objetivos, verificables o externos que permitan concluir que el juez habría comprometido su neutralidad. Por el contrario, se subrayó que la imparcialidad de los jueces se presume y solo puede ser desvirtuada mediante pruebas claras, notorias y evidentes.
H3: Corte destaca respeto al Tribunal Constitucional
Uno de los puntos centrales del fallo es la valoración del comportamiento procesal de Checkley Soria frente a la decisión del Tribunal Constitucional. La Sala Penal Permanente resaltó que el magistrado cumplió de manera inmediata la orden de excarcelación de Betssy Chávez, lo que evidencia, según el tribunal, un respeto irrestricto a la función jurisdiccional del máximo intérprete de la Constitución y al derecho de defensa.
En ese sentido, la Corte Suprema precisó que el hecho de que una resolución judicial haya sido declarada nula no implica automáticamente la pérdida de imparcialidad del juez que la emitió, especialmente cuando la propia declaración de nulidad no dispone su apartamiento del proceso. Para la sala, las alegaciones de la defensa revelan un alto grado de subjetividad y no superan el estándar exigido para una recusación válida.
Este criterio refuerza la línea jurisprudencial que protege la estabilidad de los procesos judiciales y evita que las recusaciones se conviertan en mecanismos dilatorios o estratégicos para modificar la conformación del juzgado.
H3: Contexto del proceso penal contra Betssy Chávez
El proceso penal contra Betssy Chávez se inscribe en las investigaciones derivadas del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial. La exjefa del Gabinete fue señalada como una de las principales colaboradoras políticas en ese episodio, junto a otros exfuncionarios de alto nivel.
En este marco, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ya condenó a Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. Además, se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, decisión que continúa vigente.
No obstante, la ejecución de la condena enfrenta un escenario particular debido a que la exministra permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima, luego de que el Gobierno mexicano le concediera asilo diplomático. Esta situación mantiene abierto el debate político y jurídico sobre los alcances del asilo y las relaciones diplomáticas en casos de condenas judiciales firmes.
H3: Implicancias institucionales de la decisión
La ratificación de Juan Carlos Checkley como juez supremo de control en este proceso tiene implicancias relevantes para el desarrollo del caso y para el sistema judicial en su conjunto. La decisión de la Corte Suprema refuerza el principio de continuidad procesal y envía un mensaje claro respecto a los límites de las recusaciones basadas en apreciaciones subjetivas.
Asimismo, el fallo consolida la idea de que el control constitucional de las decisiones judiciales —como el ejercido por el Tribunal Constitucional— no supone automáticamente una descalificación personal del magistrado, sino una corrección del acto procesal específico. Este enfoque busca preservar la independencia judicial y evitar presiones indebidas sobre los jueces que conocen casos de alta sensibilidad política.
Mientras tanto, el proceso penal contra Betssy Chávez continúa bajo la supervisión de Checkley Soria, en un escenario marcado por la expectativa sobre una eventual definición diplomática de su situación y el impacto político que ello podría tener en el debate nacional.