La inseguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población peruana y empieza a marcar la agenda política en el inicio de la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026. En ese contexto, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional frente al avance del crimen organizado en el país.
El encuentro tuvo lugar en el Parlamento y permitió que ambas autoridades intercambien puntos de vista sobre las medidas necesarias para enfrentar delitos que afectan directamente a la ciudadanía, como la extorsión, la criminalidad organizada y la trata de personas. Según lo informado por el Congreso, el diálogo se centró en la necesidad de impulsar acciones conjuntas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para reforzar las estrategias de seguridad pública.
Coordinación entre el Congreso y el Ministerio del Interior
Durante la reunión, tanto el titular del Parlamento como el ministro del Interior coincidieron en que la magnitud del problema exige un trabajo articulado entre las instituciones del Estado. La creciente preocupación ciudadana por la delincuencia ha generado presión para que las autoridades adopten medidas más firmes y coordinadas.
En ese sentido, Fernando Rospigliosi señaló la importancia de que el Congreso respalde iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado. La intención es que el Parlamento acompañe las políticas de seguridad que impulsa el Ejecutivo mediante normas que permitan mejorar las herramientas legales de las fuerzas del orden.
Por su parte, el ministro Hugo Begazo expuso las principales líneas de acción que el Ministerio del Interior viene desarrollando para enfrentar la delincuencia, destacando la necesidad de reforzar la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y mejorar los mecanismos de coordinación con otras instituciones públicas.
Delitos prioritarios en la agenda de seguridad
Entre los delitos que concentraron mayor atención durante el encuentro destacan la extorsión, la trata de personas y las actividades vinculadas al crimen organizado. En los últimos años, estos delitos han mostrado un incremento sostenido en diversas regiones del país, afectando especialmente a pequeños comerciantes, transportistas y empresarios.
La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en una de las modalidades delictivas más extendidas en ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo y otras urbes del norte del país. Bandas criminales utilizan amenazas, llamadas telefónicas y mensajes para exigir pagos a cambio de no atentar contra la vida o los negocios de las víctimas.
Asimismo, la trata de personas continúa siendo un problema grave, particularmente en zonas vinculadas a economías ilegales como la minería informal y el narcotráfico. Las redes criminales aprovechan la vulnerabilidad de mujeres, menores de edad y migrantes para explotarlos laboral o sexualmente.
Frente a este panorama, las autoridades coincidieron en que se requieren políticas públicas más firmes y sostenidas, así como un marco legal que permita responder con mayor rapidez a las nuevas modalidades delictivas.
Impulso a iniciativas legislativas
Uno de los principales acuerdos del encuentro fue la necesidad de impulsar iniciativas legislativas que fortalezcan la lucha contra la inseguridad. Según lo señalado por ambas autoridades, el Congreso podría desempeñar un papel clave en la aprobación de normas destinadas a mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Entre las medidas que podrían evaluarse figuran reformas legales para fortalecer la investigación criminal, ampliar las herramientas tecnológicas de la policía y mejorar los mecanismos de persecución del delito.
El objetivo es que el Poder Legislativo contribuya a dotar al Estado de instrumentos más eficaces para enfrentar organizaciones criminales que operan cada vez con mayor sofisticación y capacidad logística.
Pedido de facultades legislativas del Ejecutivo
El tema de la seguridad también está presente en la agenda del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, José María Balcázar, anunció recientemente que su gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas para impulsar un paquete de medidas orientadas a reforzar la lucha contra la delincuencia.
Entre las propuestas que se encuentran en evaluación se incluye la posibilidad de otorgar mayores herramientas operativas a la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
El Ejecutivo considera que la actual situación de inseguridad requiere acciones urgentes que permitan modernizar la legislación y reforzar la estrategia nacional de seguridad ciudadana.
La inseguridad como principal preocupación ciudadana
Diversas encuestas y estudios de opinión coinciden en que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema que perciben los peruanos. Robos, extorsiones, asaltos y otras formas de violencia afectan diariamente a miles de ciudadanos, generando una creciente sensación de vulnerabilidad.
Este escenario ha colocado el tema de la seguridad en el centro del debate político y ha obligado a las autoridades a buscar soluciones coordinadas entre los distintos poderes del Estado.
La reunión entre Fernando Rospigliosi y el ministro Hugo Begazo refleja precisamente ese intento de construir una agenda común que permita enfrentar con mayor eficacia los desafíos que plantea la criminalidad.
El reto, sin embargo, no es menor. Analistas en seguridad coinciden en que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral que combine prevención, inteligencia policial, fortalecimiento institucional y reformas legales que permitan responder con rapidez a las nuevas dinámicas del delito.
En ese contexto, la coordinación entre el Congreso de la República y el Ministerio del Interior podría convertirse en un factor clave para impulsar medidas que ayuden a recuperar la seguridad pública y la tranquilidad de la población.