Durante los primeros nueve meses del 2023, la Contraloría General ha identificado, como resultado de los servicios de control posterior, presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país, informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.
“Tenemos que más de 1800 funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, más de 600 corresponden a instancias de Gobierno Regional y más de 1400 son de gobiernos locales. Este número va a crecer significativamente en los próximos tres meses de año y es que se realizará, esencialmente, el control posterior”, comentó.
“El 24% de las 53 131 alertas que se emitieron al 30 de setiembre se han corregido, lo cual está bien, pero tenemos casi otra cuarta parte (24%) que no se han corregido y eso va a generar (el próximo año) la información necesaria para el deslinde de responsabilidades a través del control posterior”, acotó.
Medidas frente a El Niño
Asimismo, el titular de la Contraloría se refirió al control realizado a las medidas de prevención y gestión de riesgos ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño. “Lo más probable es que se repita el fenómeno de El Niño de 1997. A medida que va pasando el tiempo las probabilidades van cambiando, y ahora la probabilidad de que sea un fenómeno El Niño fuerte está creciendo rápidamente”, comentó.
En ese escenario, precisó que, desde abril del presente año, el Poder Ejecutivo ha destinado S/ 4116.3 millones a financiar medidas para la gestión de riesgos de desastres y el nivel de ejecución total es de 13.5% al 5 de octubre, de los cuales a nivel del Gobierno Nacional se tiene un 11% de ejecución.
“Por eso la Contraloría ha expresado su preocupación sobre este tema. Nos han dicho que somos alarmistas, pero en realidad somos realistas porque es prácticamente imposible que terminen de ejecutar esa plata, salvo que El Niño se postergue y las lluvias no vengan, pero ya empezó a llover”, subrayó.
Frente a esta realidad, la Contraloría aprobó y puso en marcha su Plan de Control para la Gestión de Riesgo de Desastres que tiene cuatro objetivos: i) determinar si las entidades cuentan con planes específicos aprobados y actualizados, ii) determinar si el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) viene recopilando, elaborando y difundiendo oportunamente la información los peligros y amenazas en el proceso de estimación de riesgos, iii) establecer si las entidades públicas ejecutan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres, y iv) determinar si se están realizando las acciones y actividades que permitan una adecuada y oportuna atención de personas y rehabilitación de servicios afectados.
Al respecto, el contralor indicó que se desplegaron 800 auditores en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Cajamarca para la ejecución de dicho plan, lo cual ha tenido como resultado la emisión de 2860 servicios de control simultáneo y se alertaron 7332 situaciones adversas, de las cuales solo se han corregido casi el 10% (626), el 8% (464) no se ha corregido y el resto está en plazo de corregirse.
Efectos del control concurrente
Otro tema abordado por el Contralor General fue la aplicación de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, y detalló que en el 2022 se realizó esta modalidad de control simultáneo a un total de 588 obras públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, dando como resultado un total de 1085 hitos de control concurrente e identificando 3885 situaciones adversas.
Del total de situaciones adversas identificadas, el 54% (2087) son de tipo cualitativo tales como deficiencias en registros administrativo y/o procedimientos en la ejecución de una obra, retraso en plazos de ejecución programados, deficiencias en expediente técnico, inadecuadas prácticas de almacenamiento de materiales, entre otros; y el 46% (1798) de tipo cuantitativo como penalidades no ejecutadas, pagos por prestaciones no ejecutados, pagos por prestaciones parcialmente ejecutadas, ampliaciones de plazo no sustentados, garantías no retenidas, entre otros.
“El dimensionamiento de ese 46% de situaciones adversas son S/ 610 millones. Si todas las entidades operaran eficientemente o mitigaran las alertas emitidas por la Contraloría se hubiera producido un ahorro potencial de ese nivel. Sin embargo, solo el 22% se corrige oportunamente. En la práctica, dado el efecto del control concurrente, el Estado ha ahorrado S/ 135 millones potencialmente y el costo de esos servicios fue de S/ 26 millones”, precisó.
En ese sentido, mencionó que hasta el año 2025 se tiene previsto que a la Contraloría ingresen aproximadamente S/ 1000 millones para realizar el control concurrente a una gran cantidad de inversiones públicas, de los cuales los mayores montos se ejecutarán en los años 2023 (S/ 387.1 millones), 2024 (S/ 470 millones) y 2025 (S/ 136.9 millones).
Ante ello, la Contraloría lanzó diversas convocatorias públicas de personal para fortalecer las intervenciones de control concurrente a inversiones públicas, y sólo en el 2023 se tiene previsto que ingresen alrededor de 3000 profesionales, con lo cual se duplicará la capacidad operativa de la entidad.
Presupuesto y retos 2024
Shack Yalta también se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para sustentar el presupuesto institucional de la Contraloría General de la Republica para el año fiscal 2024, el cual asciende a S/ 1165.8 millones. Durante su presentación, mencionó que como parte del Plan Nacional de Control 2024 se tiene previsto realizar 50 mil servicios de control, de los cuales 20 mil serán servicios de control simultáneo en la modalidad de control concurrente.
También detalló que para el próximo año se tiene previsto continuar con la reforma del control gubernamental y para ello, se enviaron diferentes proyectos de ley al Congreso, cuyos objetivos son ampliar las competencias del Contralor General y realizar mejoras al control; promover la eficiencia, integridad y la sanción en la administración pública; auditar a las personas y su comportamiento; fortalecer el Ecosistema de Control en el sector púbico, entre otros.
La corrupción baja lentamente
En ambas comisiones, Shack Yalta también se refirió al costo de la corrupción en el Perú y manifestó que la cifra está bajando de manera interanual pero el problema es que está bajando a un ritmo muy lento. “En términos de incidencia vemos que en el 2019 teníamos un 14.9% hasta 13.4% en el 2022, mientras que en términos del Producto Bruto Interno (PBI) ha bajado de 3.0% en 2019 a 2.6% en 2022”, acotó.
En ese sentido, subrayó que “empíricamente” la corrupción está bajando en el Perú, lo cual refleja esencialmente el avance significativo en la detección de estos casos por parte de la Contraloría, pero lo que falta es la sanción.
“Quien sanciona en la sociedad es el sistema de justicia, es el trabajo de la Procuraduría, Fiscalía y el Poder Judicial, hasta que no se resuelva eso entonces obviamente no habrá sanción. El año pasado la Contraloría imputó responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 8700 funcionarios públicos y hasta setiembre ninguno ha sido sancionado porque todos los procesos demoran muchísimo”, puntualizó.
Recordó que la Contraloría General es un eslabón en toda la cadena de lucha contra la corrupción y si bien hay mejoras en la labor de control, esos efectos se verán reducidos si no hay una sanción efectiva.
