El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre libertad de expresión correspondiente a agosto, en el que se documentan graves agresiones contra periodistas y medios de comunicación en distintas regiones del país. Las amenazas de muerte contra el corresponsal de Inforegión, Manuel Calloquispe, la agresión física a una reportera en Ayacucho y la promulgación de la controvertida “Ley de Amnistía” figuran entre los hechos más alarmantes.
Amenaza contra Manuel Calloquispe
Uno de los casos más graves involucra al periodista Manuel Calloquispe, quien recibió amenazas de muerte a través de WhatsApp atribuido a un integrante de la organización criminal “Los Guardianes de La Trocha”. En el mensaje, se le advierte: “te voy a arrancar la cabeza, te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”. Calloquispe, conocido por sus investigaciones sobre minería ilegal en Madre de Dios, tuvo que ser evacuado de emergencia a Lima tras no recibir respuesta inicial del Gobierno Regional.
“El CPP condena el amedrentamiento y las agresiones que sufren a diario los periodistas de regiones, en especial cuando éstos vienen en la forma de amenazas de muerte, como las recibidas por el periodista Manuel Calloquispe”, señaló la institución.
Otros ataques registrados
El informe también documenta la agresión física a una periodista del diario La Jornada en Ayacucho, despojada de sus pertenencias mientras cubría una ocupación de terrenos. En Lima, el alcalde Rafael López Aliaga atacó verbalmente a Epicentro TV desde sus redes sociales, calificándolo de “izquierda del mal, mentirosos, asesinos y ladrones”.
A ello se suma la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros de declarar reservada la información sobre el uso oficial de sus vehículos, medida cuestionada por darse en el contexto de investigaciones periodísticas.
Restricciones desde el Ejecutivo
El informe advierte además sobre la exclusión sistemática de la prensa en actividades públicas encabezadas por la presidenta Dina Boluarte, situación que también se ha repetido en actos del ministro de Justicia. El CPP remarca que este tipo de prácticas limita el derecho ciudadano a estar informado sobre los actos de gobierno.
Avances y retrocesos en justicia
En materia judicial, el CPP destaca la detención en Chile de Olfran Domingo Rivas Ramos, sospechoso del asesinato del periodista Gastón Medina en Ica. Si bien lo califica como un avance, también advierte que aún falta identificar al autor intelectual.
Sin embargo, el panorama general muestra retrocesos. La promulgación de la llamada “Ley de Amnistía”, que exonera de responsabilidad a militares y policías investigados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia (1980-2000), amenaza con cerrar procesos históricos.
“Esta ley dificultaría aún más que se lleve a justicia a los asesinos de Jaime Ayala”, recordó el CPP en su balance.
Memoria y pendientes
En agosto se cumplieron 41 años del asesinato de Jaime Ayala, corresponsal de La República en Ayacucho, cuyos restos siguen sin ser encontrados. El CPP recordó que su caso, al igual que el de otros periodistas asesinados durante el conflicto armado interno, continúa sin sentencia firme.
“Supone sin duda un retroceso que los difíciles casos seguidos contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía por el asesinato de periodistas se puedan ver ahora aún más perjudicados por la promulgación de la ‘Ley de Amnistía’”, advirtió la institución.
Un llamado de atención
El informe concluye señalando que los ataques y limitaciones registrados en agosto reflejan el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos los reporteros en todo el país, especialmente en regiones. El CPP insistió en la necesidad de que las autoridades brinden garantías efectivas y respondan oportunamente a los pedidos de auxilio de los periodistas.
