El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 8731, que propone la creación de una nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con el objetivo de establecer un marco normativo e institucional que garantice el ejercicio efectivo de derechos, autonomía y bienestar de ambos géneros. La iniciativa busca erradicar toda forma de discriminación basada en el sexo y promover la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad peruana.
La propuesta se aplicará en las entidades de los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, así como en otros organismos, programas y proyectos del sector público, siempre en el marco de sus competencias. La ley apunta a consolidar la igualdad no solo en el ámbito laboral y económico, sino también en lo político, social, cultural y educativo.
Principios y fundamentos de la ley
La congresista María Jáuregui Martínez de Aguayo (bancada Renovación Popular), presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, sustentó el proyecto destacando que se fundamenta en principios como igualdad, libertad, dignidad, seguridad y respeto por la vida humana, así como el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la nación peruana.
La pregunta clave que surge es: ¿cómo impactará esta ley en la reducción de brechas de género en distintos sectores del país? Según la congresista Jáuregui, la norma permitirá implementar políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y reforzar la institucionalidad para proteger los derechos de mujeres y hombres por igual.
Posturas en el debate parlamentario
Durante la sesión, la congresista Kelly Portalatino Ávalos (bancada PL) afirmó que la ley representa un avance significativo para superar la desigualdad histórica entre varones y mujeres, asegurando que ambos puedan acceder a las mismas oportunidades.
Sin embargo, la congresista Susel Paredes Piqué (bancada BDP) se mostró en contra, argumentando que el proyecto tendría una carga ideológica que no reflejaría la realidad del país. Esta división generó un debate intenso sobre la forma en que se implementarán las políticas de igualdad y la interpretación de los principios constitucionales.
El dictamen fue aprobado en primera votación con 78 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, y exonerado de segunda votación con 78 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones, confirmando así el respaldo mayoritario del Congreso.
Ámbitos de aplicación y efectos
De convertirse en ley, la norma se aplicará a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, así como programas y proyectos del sector público. Esto significa que tanto las políticas internas como la prestación de servicios deberán garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
La ley también busca promover la igualdad en el mercado laboral, el acceso a la educación, la participación política, la cultura, y en la vida social y económica del país. La pregunta clave aquí es: ¿cómo garantizará el Estado que las instituciones cumplan efectivamente con esta normativa? La implementación requerirá protocolos claros, monitoreo constante y mecanismos de sanción frente a incumplimientos.
Retos y perspectivas
La creación de esta ley representa un avance histórico en la promoción de igualdad de género en el Perú, pero también plantea retos importantes. La efectiva implementación dependerá de la colaboración entre el Congreso, el Ejecutivo y las entidades locales, así como del acompañamiento de la sociedad civil y organismos especializados en derechos humanos y género.
Especialistas señalan que, más allá de la norma, es clave generar programas de sensibilización y capacitación, así como campañas educativas que fortalezcan la conciencia sobre la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación. Solo así se logrará un impacto real y sostenible en todos los ámbitos de la vida peruana.