El Congreso de la República publicó la Ley Nº 32258, que introduce modificaciones al Código Penal para reforzar la lucha contra la impunidad en delitos de alto impacto social. La nueva ley busca garantizar una mayor proporcionalidad en la punición de la tentativa y limitar los beneficios para los condenados por delitos graves.
Una de las principales novedades de la ley es la limitación de la reducción de pena en casos de tentativa de delitos graves como sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión y crimen organizado. La disminución de la pena no podrá superar un tercio del mínimo legal en estos casos.
La ley también establece restricciones a la suspensión de la pena para funcionarios condenados por delitos de corrupción y personas sentenciadas por violencia familiar. Además, quedan excluidos aquellos condenados por secuestro, sicariato, extorsión y crimen organizado.
La implementación de esta ley es un paso importante hacia la lucha contra la impunidad y la corrupción en el Perú. Su objetivo es garantizar que los delitos graves sean castigados de manera adecuada y que los responsables no puedan acceder a beneficios que puedan ser percibidos como injustos.
