El pasado miércoles 2 de julio, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi presentó el Proyecto de Ley N.° 1822/2024-CR, el cual propone modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Perú (Ley N.º 26834). De aprobarse, esta iniciativa permitiría actividades extractivas en espacios que actualmente gozan de máxima protección, como los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos del país.
El proyecto, denominado “Proyecto de Ley que garantiza el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables para generar el aumento del canon y sobrecanon que sirvan para el cierre de brechas de infraestructura y sociales, modificando la Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley ANP)”, ha sido derivado a las Comisiones de Energía y Minas, y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Retroceso normativo ambiental
La aprobación de esta propuesta impactaría gravemente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y a otras áreas protegidas complementarias, al permitir actividades extractivas de alto impacto en zonas ecológicamente sensibles. Esto supondría subordinar la protección de la diversidad biológica, los valores culturales y los servicios ecosistémicos de las ANP al desarrollo de actividades extractivas.
“Este proyecto de ley legalizaría la extracción de hidrocarburos dentro de parques nacionales como Manu y Bahuaja Sonene, y en santuarios nacionales e históricos como Megantoni y Machu Picchu, donde la actual legislación lo prohíbe por tratarse de espacios intangibles con alta diversidad biológica, fragilidad ecológica y baja capacidad de recuperación frente a transformaciones derivadas de actividades extractivas de alto impacto”, explicó Cristina López, líder del Proyecto de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
¿Dónde recaería el poder de decisión?
El proyecto también debilita la institucionalidad y los mecanismos de creación y gestión de las áreas protegidas nacionales y regionales. Otorga al Poder Ejecutivo (Consejo de Ministros) la facultad de modificar estas áreas mediante Decreto Supremo, y transfiere la opinión técnica vinculante sobre su creación, reducción y gestión a los ministerios de la Producción y de Energía y Minas, como se establece en los artículos 3, 7 y 20 del proyecto.
Declaratoria de interés nacional
“Bajo la premisa de cerrar brechas, el proyecto también propone declarar de interés nacional la ejecución de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la masificación del gas natural en regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Huánuco y Puno. Sin embargo, no se presenta en la propuesta un sustento técnico-económico sólido que avale su viabilidad, y se omite el importante rol de las ANP en actividades económicas sostenibles como el turismo, así como en la seguridad alimentaria de las comunidades locales”, añadió López.
“Un claro ejemplo es el caso del gas de Camisea, que 20 años después aún no ha logrado abastecer adecuadamente ni a la región Cusco —donde se extrae— ni a las comunidades cercanas. Mientras tanto, el 50 % del recurso extraído continúa siendo exportado, sin que se priorice el consumo interno”, recalcó López.
Inconstitucionalidad y compromisos internacionales
Además, esta iniciativa vulneraría el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Estado debe promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
Asimismo, implicaría un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal; y las convenciones internacionales sobre cambio climático, desertificación, conservación de humedales (Ramsar) y especies migratorias (Bonn), entre otras.
Cabe recordar que en junio de 2023, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro ya habían intentado modificar la Ley ANP mediante otra propuesta legislativa, la cual fue declarada inviable por un informe técnico del Ministerio del Ambiente.
